VICTORIA, Tam.- Al concluir la segunda audiencia, un juez federal le ratificó al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio "N", la orden de
detención provisional con fines de extradición a los Estados Unidos en
donde enfrenta cargos de asociación delictuosa para cometer lavado de
dinero, operar un negocio de envío sin licencia y asociación
delictuosa para cometer fraude bancario.
La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en
esta capital y fue presidida por el Juez de Distrito especializado en
el Sistema Penal Acusatorio, Raymundo Serrano Nolasco, que fue quien
libró la orden de detención con fines de extradición contra el ex
mandatario tamaulipeco, correspondiente al expediente 1/2017.
La audiencia inició a las 9:00 de la mañana pero ante la ausencia de
los defensores de Eugenio "N" y tras un receso de una hora para dar
tiempo de que se presentaran, se reanudó con la presencia de dos
defensores de oficio que se le asignaron.
Los fiscales detallaron al imputado los delitos que se le acusan en
Estados Unidos, siendo tres cargos, Asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, Operación de un negocio de envíos de dinero sin licencia y Asociación delictuosa para cometer fraude bancario.
De acuerdo a los Fiscales que dieron lectura a la nota diplomática ASJ03092 emitida el 2 de febrero del 2016 y en la que se solicita la detención con fines de extradición del imputado, también se solicitó reservar la identidad del acusado para respetar su derecho a la
privacidad, por lo que la sala fue desalojada por el juez y la
audiencia pasó a ser privada.
El proceso de extradición comenzó de manera formal desde el 17 de octubre del 2017 a las 23:55 horas, cuando fue notificado el ex gobernador de la orden de aprehensión con fines de extradición, por lo que a partir de esa fecha el gobierno de Estados Unidos tiene 60 días para solicitar formalmente la extradición.
Eugenio "N" permanece recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones
(Cedes) de Victoria desde el pasado 6 de octubre, cuando fue detenido
por los delitos de peculado y lavado de dinero, al apropiarse de una
propiedad de mil 600 metros cuadrados, ubicada en el puerto de Altamira,
propiedad del Gobierno Estatal a través de un prestanombre, obteniendo
amparos en contra de estas órdenes de aprehensión.
Sin embargo, permanecerá recluido para enfrentar los delitos que se le
acusan en Estados Unidos y por los cuales el gobierno de ese país,
puede solicitar su extradición para ser juzgado en la Corte Federal de
Distrito para el Distrito sur de Texas.
Monterrey