Sin impartir una sola clase, sin recibir llamados de atención y con vacaciones permanentes, un grupo de funcionarios y exservidores públicos operó una red para cobrar sueldos de maestros que nunca trabajaron en el Estado de México, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la entidad.
Durante al menos cinco años, 33 personas operaron un esquema conocido como “aviadores”, mediante el cual cobraban salarios de docentes sin desempeñar esa función.
Según la investigación, la red daba de alta a personas en plazas oficiales de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), de la Secretaría de Seguridad y, en algunos casos, de la Secretaría de Salud.
Las plazas se asignaban a escuelas que ya no estaban en operación para dificultar la detección del fraude. Sin embargo, un movimiento inusual desencadenó la investigación.
El caso salió a la luz después de que el Gobierno del Estado de México, a través de la SECTI, presentó tres denuncias por 459 movimientos irregulares de altas de personal docente.
¿Cómo funcionaba la red de plazas falsas para maestros en el Edomex?
La Fiscalía identificó una estructura organizada. Todo comenzaba con los reclutadores, responsables de buscar personas de confianza, entre familiares y amigos, para registrarlas como maestras.
Después, capturistas (empleados de la SECTI y de la Oficialía Mayor) realizaban las altas en los sistemas oficiales, en muchas ocasiones durante la madrugada y desde distintas cuentas para dificultar su detección.
Mandos medios y directivos de las distintas instituciones autorizaban pagos y adscripciones sin revisar la documentación de esas personas, con el propósito de garantizar el pago de la nómina.
La investigación detectó que, cuando un funcionario involucrado dejaba su cargo, la persona que ocupaba ese puesto también se incorporaba a la red, lo que permitió que el esquema permaneciera activo durante varios años.
¿Cuánto dinero recibió la red de plazas falsas para maestros en el Edomex?
De acuerdo con el expediente, por cada 200 mil pesos que recibía un “falso docente” por concepto de salario, esa persona solo conservaba 6 mil pesos. El resto del dinero se distribuía entre los integrantes de la red y los funcionarios de mayor rango, quienes obtenían la mayor parte.
Los cálculos de la Fiscalía indican que, solo entre enero de 2025 y febrero de 2026, la red obtuvo de forma ilícita más de 96 millones de pesos, con retiros cercanos a 4 millones de pesos por quincena, además de pagos por aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones.
Uno de los episodios que permitió descubrir la red ocurrió el 19 de diciembre de 2021, cuando Juan Alberto “N” fue detenido en un cajero automático del centro de Toluca.
El sujeto llevaba 164 tarjetas de débito de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad y 180 mil pesos en efectivo.
En ese momento, sus superiores intentaron justificar el hallazgo al señalar que ayudaba a los empleados con trámites bancarios. Sin embargo, la Fiscalía incorporó ese hecho como parte de las pruebas del esquema.
Vacaciones prolongadas: viajes y autos de lujo
Según la Fiscalía, el nivel de vida de los investigados no correspondía al de un servidor público que dependiera únicamente de su salario. El expediente documenta viajes a destinos como París, Dubái, Las Vegas, el Caribe, China y Egipto, además del uso de automóviles, ropa y accesorios de lujo, así como propiedades de alto valor.
Además de recibir dinero, algunos de los investigados se asignaron una o más plazas de maestro, con salarios cercanos a 50 mil pesos mensuales. Conservaban esas plazas mediante licencias irregulares para mantener beneficios como la jubilación, incluso si perdían su cargo de confianza.
No obstante, cuando comenzaron las auditorías en febrero de 2026, recibieron instrucciones para cancelar sus cuentas de nómina y negar cualquier relación laboral con el gobierno en caso de que alguna autoridad los buscara.
Por otra parte, uno de los señalados en el expediente, identificado como José Daniel “N”, quien se desempeñaba como enlace entre la SECTI y la Dirección de Remuneraciones de la Oficialía Mayor, fue encontrado sin vida en su domicilio el pasado 2 de abril.
¿Quiénes son todos los funcionarios involucrados en el esquema de aviadores?
- Seis exfuncionarios, entre ellos dos que ocuparon cargos de subsecretario en las secretarías de Finanzas y de Educación, y tres que trabajaron en la Secretaría de Seguridad en 2021.
- Nueve servidores públicos activos de la Oficialía Mayor, con puestos como delegado administrativo, directora de remuneraciones, subdirectora de bases de datos y analistas, algunos en funciones desde 2020.
- Once servidores públicos de la SECTI, la mayoría con funciones de capturistas.
- Una servidora de la Secretaría del Bienestar, que en el pasado fue secretaria particular de uno de los exsubsecretarios señalados.
- Al menos una persona con función de reclutadora, que llegó a tener una plaza de maestra sin dar clases.
- Cinco personas que aún no han sido vinculadas a proceso porque promovieron un amparo contra la orden de aprehensión.
