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Guadalajara, Jal.- Con el propósito de contener los efectos negativos sobre la infraestructura educativa de Jalisco y mejorar las condiciones de los planteles del estado, el sector privado y el gobierno del estado acordaron crear un Fideicomiso especial que se destinará principalmente para la construcción, el mantenimiento y equipamiento de los planteles escolares de nivel básico, medio superior y superior del sistema educativo estatal.
Estos recursos se operarán a través un Fideicomiso que entrará en vigor el próximo año con los recursos del Impuesto sobre la Nómina, los cuales se modificarán en 2022 y 2023 y será progresivo llegar a la tasa de 3 por ciento (actualmente es del 2 por ciento).
Esta decisión, tomada en conjunto, es producto de diversas reuniones llevadas a cabo durante el año, en la mesa de reactivación económica desde el pasado mes de agosto, por ello, la decisión está considerada en la propuesta de Ley de Ingresos del Estado para el año entrante. La instrumentación del incremento en la tasa del ISN también requerirá de adecuaciones a la Ley de Hacienda Estatal, así como a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado
La estimación de recaudación por este concepto durante 2022 se estima en 800 millones de pesos, a los cuales, deberán sumarse mínimo otros 400 millones de parte del gobierno de Jalisco.
El comité técnico del fideicomiso estará conformado por representantes de la comunidad empresarial, Sociedad Civil y servidores públicos del estado, con una mayoría de representantes empresariales, es decir, sin mayoría de miembros del Gobierno de Jalisco.
Dicho comité técnico decidirá donde se invertirán los recursos del fideicomiso a partir de las prioridades definidas por el gobierno estatal, en ejercicio de sus atribuciones como rector de la política educativa.
Sobre la aportación del gobierno de Jalisco al mismo propósito, se hace el compromiso de que el mismo será ejercido según las indicaciones del Fideicomiso, a pesar de que tales fondos no formen parte de los fondos de la bolsa recaudada, aunque respetando la priorización del sector empresarial para ser muy específicos en el destino de los recursos.
Esta es una decisión que forma parte de la atención a la emergencia económica provocada por la Pandemia del COVID-19 en el estado de Jalisco, que ha exigido el esfuerzo conjunto de gobiernos estatal y municipales con la sociedad civil, incluyendo empresarios, sindicatos, universidades, y diversas organizaciones no gubernamentales.
En este sentido, una de las prioridades durante este periodo de incertidumbre económica es atender la educación y la política social de Jalisco, dotando de infraestructura educativa adecuada a todos los niveles (básica, media superior y superior), de la población del estado, así como estar vigilantes de las necesidades sociales más imperiosas, aspectos de crucial importancia para conseguir un desarrollo equilibrado que permita mejorar la calidad de vida de los jaliscienses y hacer posible que el estado continúe siendo uno de los motores de la economía nacional.
Es importante resaltar que el diagnóstico reciente realizado por la Secretaría de Educación Jalisco muestra que fortalecer y mantener la infraestructura de educación básica requiere de una inversión de cerca de 35 mil mdp, lo cual está fuera de la capacidad financiera actual del gobierno del estado.
Por último, es importante recalcar que la educación ayuda reducir la brecha social y la desigualdad social. A través de la educación y la capacitación se prepara el capital humano que permite contar con un Jalisco más competitivo y atractivo a las inversiones productivas, generando crecimiento, mejores empleos y mejor calidad de vida.
Este déficit se explica en buena medida debido a las bajas aportaciones por parte del gobierno federal para atender a la población en edad escolar en Jalisco. El estado actualmente está en el último lugar en términos de recursos per cápita provenientes del FONE.