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Función Pública de BC omite negativa de la CRE ante licitación de planta fotovoltaica

Las empresas que obtuvieron la licitación de dicha planta fueron cuestionadas por no contar con las autorizaciones y estudios de impacto social que emite la Sener.

Una negativa de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fue ignorada por autoridades de Baja California para licitaciones de planta fotovoltaica.

La CRE negó el 8 de julio los permisos para generar energía eléctrica a las empresas Hive Solar Baja California Norte 1, S. A. de C. V., y a Hive Solar Tres Manantiales, S. A. de C. V.

La Secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California, Vicenta Espinosa Martínez, omitió mencionar el detalle sobre la presunta ilegalidad de una planta fotovoltáica.

Esto luego de que las empresas que obtuvieron la licitación de dicha planta fueran cuestionada por no contar con las autorizaciones y estudios de impacto social que emite la Secretaría de Energía (Sener).

Asimismo, se ha señalado que esta licitación (LPN-CIE-001-2020), cuyo fallo resultó a favor de la empresa Next Energy de México, S.A. de C.V., es presuntamente ilegal puesto que el artículo 41 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece que, previo a la licitación, la CRE debe haber autorizado la obra tal cual como se dio, pues es competencia federal toda la infraestructura que se cree en materia de la Industria Eléctrica, por lo que el Gobierno del Estado carece de facultades para haber realizado tal licitación.

La funcionaria perteneciente a la actual administración de Jaime Bonilla también omitió explicar que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, explicó al gobernador que los poderes estatales carecen de la facultad constitucional para convocar una licitación como la que se realizó, ya que es una facultad exclusiva de la Federación, tal y como lo demuestra el oficio No. SENER. 100/2020/303 que la Sener envió a este gobierno local en 2020.

De acuerdo con cifras oficiales, el proyecto de la planta fotovoltaica habría comprometido los ingresos del Estado de Baja California durante los próximos 30 años, debido a que el proyecto implicaría un contrato obligatorio que generaría una deuda por cobrar de alrededor de 270 millones de dólares.

Frente a las pruebas presentadas y del conflicto que generó el Gobierno estatal con la Secretaria de Energía del Gobierno Federal, la funcionaria estatal no dijo nada acerca de los responsables de la licitación irregular.