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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la captura del empresario Jaime Galván Guerrero, colaborador cercano al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
La tarde de este martes, elementos de la Policía de Investigación (PDI) completaron la orden de aprehensión contra Galván Guerrero por el delito de fraude cometido en Quintana Roo.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, el empresario era el aval de la empresa Beratung Avanzada, la cual había solicitado un préstamo para un proyecto que nunca se cumplió, por lo que se abrió una carpeta de investigación.
El fraude en Estados Unidos
En 2010, Galván fue arrestado en Las Vegas, Nevada tras ser acusado en El Paso, Texas por fraude y conspiración.
Entre 2002 y 2008, el empresario se asoció con la compañía exportadora Valcomar para cometer un fraude por 4 millones de dólares contra de Export-Import Bank, una agencia estadounidense encargada de apoyar y estimular las exportaciones americanas.
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Las autoridades señalaron que Galván proporcionó información falsa para obtener créditos en la compra de maquinaria, dinero que nunca se invirtió para lo que fue requerido.
Como resultado del fraude, el empresario fue declarado culpable y tuvo que cumplir con una condena de 5 años de libertad condicional, además de reparar el daño hecho.
Su relación con el exgobernador César Duarte
Galván Guerrero también es buscado por las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, por presuntos actos de corrupción durante la gestión del gobernador César Duarte, quien actualmente está preso en Miami.
En 2012, Jaime Galván fundó la empresa Prometeo Proyectos Ejecutivos, la cual se convirtió entre 2013 y 2016 en la principal proveedora del DIF en materia de leche y despensas. Para ello, el gobierno de Duarte le entregó 14 contratos por 763 millones de pesos durante su administración.
Ante la llegada de Javier Corral al gobierno de Chihuahua, las autoridades siguen tras la pista de una supuesta red de empresas privada que defraudaban al fisco federal y eran utilizadas para el desvío de recursos públicos, siendo la compra de leche del DIF un esquema utilizado para cometer los presuntos delitos.