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La ocupación por parte del gobierno de tres tramos de Ferrosur de Grupo México, del empresario Germán Larrea, a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, una empresa del Estado creada para administrar el proyecto ferroviario y de desarrollo industrial en el sureste del país, es una señal preocupante para la inversión y una acción que debe ser revisada para determinar su legalidad.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtieron su preocupación por la vulneración al Estado de derecho y a la certidumbre jurídica que afectan a la inversión.
El CCE remarcó que es necesario ofrecer certeza jurídica a los inversionistas.
“Los empresarios externamos nuestra profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones genera en la confianza de invertir en México y de generar empleos en un momento de grandes oportunidades”, añadió el CCE.
La Coparmex aseveró que cada vez son más frecuentes y graves los intentos por vulnerar el Estado de derecho en México, al recordar los hostigamientos reiterados al Poder Judicial para desacreditar a sus integrantes y minar su reputación.
“La señal que envía el gobierno de México al exterior es muy alarmante y puede propiciar un daño irreparable a la certidumbre jurídica y a la confianza para la inversión; sobre todo, frente a una oportunidad única como lo es el nearshoring”, alertó.
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Calificó como “inconcebible” la respuesta del gobierno federal de declarar de seguridad nacional las obras de infraestructura para evitar que estén sujetos a la transparencia, al acatamiento de normas y a la supervisión ciudadana.
La toma de control de las vías de Ferrosur plantea interrogantes sobre el impacto que la medida tendrá en la oferta del empresario minero Germán Larrea para comprar la banca minorista de Citigroup, Banamex, en México.
“Esto sienta un precedente negativo para las inversiones en México, específicamente en sectores regulados”, dijo Rodolfo Ramos, estratega de Bradesco BBI.
La expropiación conmocionó a la comunidad empresarial y contradice la promesa electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador a los inversionistas de que su gobierno no expropiaría propiedades privadas.
“No es exactamente invitante para el gobierno que se apodere de un ferrocarril (...) Esto es extraño incluso para esta administración, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mayor parte ha negociado con el sector privado para lograr sus objetivos políticos”, dijo Roger Horn, estratega senior de SMBC Nikko Securities America en Nueva York.
Larrea se reunió dos veces con López Obrador la semana pasada, primero en una comida con otros empresarios el 16 de mayo y de nuevo en privado al día siguiente.
Sin acuerdo, ocupación será definitiva: Ferrosur
Ferrosur, una empresa de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, informó que se encuentra en negociaciones con el gobierno para lograr un acuerdo tras la toma de sus instalaciones en Coatzacoalcos por parte de la Marina el pasado viernes.
La empresa indicó que, en caso de no alcanzarlo, la ocupación temporal se convertirá en permanente afectando a la empresa, sus empleados, clientes, y del libre mercado.
“La negociación enfrenta una circunstancia difícil ante la publicación del decreto de ocupación y la intervención de personal armado en sus instalaciones”, remarcó Ferrosur.
En su reporte, la empresa informó que ya había llegado a un convenio con el gobierno a principios del 2022 cuando se firmó un acuerdo con Gobernación y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el cual implicaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa que sería entregada a la Marina para su uso en el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Ferrosur agregó que, tras la firma del acuerdo, Grupo México comenzó las obras de construcción; sin embargo, el acuerdo fue desechado por el gobierno meses después.
Acciones de GMéxico Transportes y Grupo México caen
Las acciones de GMéxico Transportes cayeron 4.1 por ciento a su nivel más bajo desde enero. Grupo México amplió sus pérdidas iniciales y cayó 4.5 por ciento. Inbursa, el banco del multimillonario Carlos Slim, tiene una participación del 17 por ciento en GMéxico Transportes.
El viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el gobierno emitió un decreto que establece que las instalaciones de Ferrosur son “de utilidad pública”. Aunque la notificación decía que los propietarios de la línea ferroviaria serían indemnizados, no se dieron más detalles.
El decreto presidencial emitido el viernes también ordenó la ocupación temporal inmediata a favor del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El objetivo de esta toma es integrar las instalaciones ferroviarias a la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que se rehabilita para integrar la costa del Pacífico con el Atlántico para potenciar las exportaciones a Asia, Europa y con Suramérica.
Con información de Bloomberg.