Economía

El T-MEC, obstáculo para nacionalizar el litio

El mineral debería ser incluido en el anexo de reservas para que no pueda ser apelado por alguno de los miembros del tratado.

Bastaron tres días para que las modificaciones a la Ley Minera pasaran por el Congreso de la Unión y fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sin embargo, hay temas que no se consideraron, como la exclusividad del Estado en la cadena de valor del litio y que podría ser violatorio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con Kenneth Smith, socio de la firma Agon y exjefe negociador del T-MEC, el acuerdo trilateral cuenta con un anexo que incluye una serie de reservas para temas específicos, por lo que si el Gobierno de México desea obtener la exclusividad del litio, tendrían que reabrir el T-MEC, lo que implicaría un riesgo enorme para el país por un tema que no vale la pena.

“Existen una serie de restricciones que normalmente serían violatorias del T-MEC, pero que se llegan a acuerdos para permitirlas, por ejemplo, Estados Unidos tiene una restricción para que los uniformes de su ejército sean producidos exclusivamente en EU, mientras que México se reservó la generación de energía nuclear”, dijo.

México también tiene una reserva para que el 10 por ciento de las películas que se proyectan en las pantallas del cine del país sean de origen nacional, pero para poder gozar de esta excepción, el Gobierno debió incluir la explotación del litio en los anexos del acuerdo, sin embargo, eso ya no se puede hacer.

“Si México desea reabrir el tratado para incluir este tema, el gobierno estadounidense podría pedir incrementar las reglas de origen del sector automotriz y Canadá también aprovecharía para solicitar más cosas, es un riesgo enorme”, advirtió.

Viola oportunidades de inversión

Por otra parte, Armando Ortega, presidente del Comité de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá (CanCham) en México, indicó que hay varios temas que le preocupan con relación a los cambios a la Ley Minera.

“El tema más importante para CanCham es que se reservaron todas las cadenas de valor del litio para el Estado, ya que el T-MEC y otros tratados comerciales establecen que el sector privado tiene oportunidad de invertir en esta cadena, de esta forma se estarían violando los capítulos que hablan de los accesos de oferta de bienes y servicios”, dijo.

El especialista agregó que es una mala señal para las empresas mineras de Canadá que operan en el país, ya que no fueron consultadas por el Gobierno, ya que las modificaciones pasaron de forma “Fast Track Plus”, por lo que ellos interpretan que no están interesados en recibir inversión extranjera canadiense para la minería.

También existen detalles en la ley que generan incertidumbre en el sector. Ahí, Ortega alertó que la ley indica que el Estado Mexicano se reserva el derecho para explotar el litio y otros minerales estratégicos, pero al no estar definidos, podría ser cualquier mineral, como el oro, plata, zinc, cobre, manganeso o níquel, lo que atenta contra la seguridad jurídica de las empresas canadienses que ya decidieron confiar en México.

Consideró que para proteger las inversiones de las empresas canadienses podrían hacer uso de la solución de controversias Estado-Estado o Inversionista-Estado, aunque tampoco descartan buscar juicios de amparo en los tribunales mexicanos.

Anticipan impugnación

Para Jorge Molina Larrondo, especialista en comercio internacional del TEC de Monterrey, habrá que estar muy atentos a la revisión del T-MEC que se realiza cada seis años, ya que seguramente, los socios de México desearán ser más estrictos.

“Al incluir en el artículo 10 de la Ley Minera que la cadena de valor del litio será exclusividad para el Gobierno de México, se abre una ventana para que Estados Unidos y sobre todo, Canadá, impugnen este artículo”, dijo.

Para el caso del proyecto en Bacanora, Sonora, éste cuenta con participación británica, por lo que si el Gobierno desea expropiarlo, no será tan fácil. “México tiene firmado un acuerdo con el Reino Unido, y vence hasta 2031, así que el gobierno debe respetar este acuerdo, sino, también significaría meterse en problemas con la Unión Europea”, señaló.

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