López Obrador le declaró la guerra a la corrupción... ahora falta que la inicie
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López Obrador le declaró la guerra a la corrupción... ahora falta que la inicie

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López Obrador le declaró la guerra a la corrupción... ahora falta que la inicie

bulletSi el presidente quiere cumplir con su promesa de acaba con este problema, debería empezar a ver a la sociedad civil como un aliado y no un enemigo.

Bloomberg POR LOS EDITORES*
24/12/2018
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
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Bloomberg Businessweek

El hartazgo de la ciudadanía por los actos de corrupción en México llevaron al ahora mandatario Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, pero su campaña para ‘limpiar’ al Gobierno de México de ese problema no ha iniciado bien. Si tiene intenciones de cumplir su promesa a quienes votaron por él, necesita cambiar su enfoque.

Para empezar, López Obrador heredó un sistema ‘podrido’. Su predecesor en la Presidencia, Enrique Peña Nieto, quiso ser reconocido como un energético reformador, pero hizo poco o nada para combatir la corrupción.

La esposa del expresidente, Angélica Rivera, y algunos de los miembros de su Gabinete se vieron envueltos en el escándalo de la ‘Casa Blanca’, y la administración de Peña Nieto, al contrario de otras naciones latinoamericanas, se mantuvo al margen de perseguir a los implicados en México en el caso de corrupción de Odebrecht.

Durante el sexenio de Peña, México cayó 30 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, para quedar en el lugar 135, lo que llevó al Banco Mundial a clasificar al país como una de las naciones más corruptas a nivel mundial.

López Obrador se postuló a la presidencia prometiendo una política de ‘cero tolerancia’, entre cuyas medidas incluyó la reducción del 60 por ciento de su salario, la venta del avión presidencial y convertir la residencia oficial de Los Pinos en un centro cultural, además de transportarse a todos lados en un Jetta blanco.

Esas medidas son buenas, pero sentar este tipo de ejemplos ayuda solo hasta cierto punto. Otras acciones, por el contrario, no han sido bien recibidas. Por ejemplo, su administración anunció recortes de forma generalizada de trabajadores gubernamentales, lo que causó el éxodo de empleados preparados, y no ha hecho nada para resolver el problema de los sobornos.

Además, quejándose de la corrupción, López Obrador busca cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, un proyecto de 13 mil millones de pesos, lo que puso al Gobierno en una situación complicada con los tenedores de bonos del proyecto.

Además, López Obrador no descartó la opción de sumar a su partido a políticos y personajes de dudosa reputación y a figuras controvertidas a su Consejo Asesor Empresarial, y ha prometido que no investigará actos de corrupción cometidos antes de su Presidencia.

Si López Obrador pretende combatir la corrupción en México, la mejor forma de hacerlo sería mediante la implementación completa del Sistema Nacional Anticorrupción, un paquete de reformas aprobado en 2016 que creó un comité para coordinar todos los esfuerzos a nivel federal y estatal para combatir el problema al mismo tiempo que integró una mayor supervisión por parte de la ciudadanía.

Sin embargo, este sistema aún no cuenta con su fiscal independiente y otros puestos claves permanecen vacantes.

Morena, el partido que fue fundado por el presidente, quiere controlar el proceso de nominación, una postura que ha sido criticada por Organizaciones de la Sociedad Civil que buscan que el fiscal general sea alguien con más independencia.

Además, tomando en cuenta que el presidente favorece un mayor gasto público y una intervención más pronunciada del Estado en la economía, necesita desarrollar los planes para centralizar la revisión de los contratos hechos por el Gobierno, con la finalidad de evitar nuevos actos de corrupción.

El presidente de México no ha ocultado su desdeño por la sociedad civil, que ha sido en años recientes la fuerza anticorrupción más importante en el país. Por eso López Obrador debería ver a este grupo como un aliado.

Si eso falla, el reciente acuerdo firmado en Buenos Aires, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, podría ser de ayuda para esta tarea, dado que incluye fuertes medidas anticorrupción (copiadas del Acuerdo de Asociación Transpacífico, que Estados Unidos abandonó), que abrirían la puerta para que las organizaciones de la sociedad civil tengan la capacidad legal de perseguir demandas que el Gobierno decida ignorar.

El nuevo presidente de México tuvo razón al declararle la guerra a la corrupción. Ahora falta que esa batalla comience.

*Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial, del Financiero o de Bloomberg LP y sus dueños.