Angélica Gómez se despertó a las 6 de la mañana por fuertes golpes en la puerta de su departamento. “¡Tienes 10 minutos para desalojar el inmueble!”, gritó uno de los hombres vestidos con uniforme de policía frente a su casa.
Somnolienta y confundida, le pidió más tiempo para vestirse. Llamó a la Policía –no tenía certeza de que se tratara de un agente real– y después a su padre, quien vivía en el mismo edificio en el centro de la Ciudad de México. Él también estaba siendo desalojado esa mañana de finales de agosto.
Diez minutos después, los hombres regresaron y golpearon la puerta de Gómez con un ariete, obligándola a abandonar su hogar con las pocas cosas que pudo meter en una mochila: su computadora, algo de ropa y sus tarjetas de crédito. El resto de sus pertenencias lo dejaron en bolsas de plástico en la calle.
Todos los residentes del edificio fueron desalojados tras un presunto cambio de propietario del inmueble, sin que nadie fuera notificado. En señal de protesta, instalaron un campamento frente al inmueble y han permanecido allí, durmiendo en tiendas de campaña, mientras ocasionalmente se manifiestan por la ciudad. Desde el campamento trabajan, cocinan y venden tacos para generar ingresos.
Los desalojos de edificios completos, a menudo sin órdenes judiciales, son cada vez más comunes en la Ciudad de México. Estos hechos generan indignación en zonas en proceso de gentrificación, donde los residentes originales son desplazados por el aumento de precios y sustituidos por inquilinos de corta estancia o mexicanos con mayor poder adquisitivo, una tendencia que podría agravarse a medida que la ciudad se prepara para ser anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA en junio y julio.
“Es un problema latente que algunas de las operaciones previas al Mundial podrían agravar”, afirmó Matías Gómez Leautaud, analista principal de Eurasia Group para México.
En muchos casos, los edificios son renovados tras el desalojo para ofrecer departamentos de alta gama destinados a rentas de corta estancia o alojamientos de lujo.
“El incremento de las rentas ocurre de un mes a otro. Sacan al inquilino que tiene una renta asequible, ya sea porque no le cumplen el contrato o no se lo renuevan. Muchas veces a través de desalojos violentos. Luego la renta aumenta considerablemente”, afirmó Sergio Juaricua, residente desalojado de la colonia Juárez que ahora lucha por los derechos de sus vecinos.
Hace seis años, Juaricua pagaba 8 mil pesos por su departamento. Hoy, la misma propiedad se renta por 45 mil pesos: un incremento de 463 por ciento.
En los últimos años, las protestas se han vuelto en ocasiones violentas, con actos de vandalismo en restaurantes y zonas frecuentadas por turistas, especialmente estadounidenses. Ahora, residentes, comerciantes y activistas contra la gentrificación centran su atención en el Mundial. En enero, manifestantes se congregaron frente al Auditorio Nacional y Paseo de la Reforma denunciando el alza de precios inmobiliarios, con consignas que acusaban a la FIFA y la gentrificación de “sacar del juego” a los locales. Otro grupo, de vendedores ambulantes cerca del Estadio Azteca, bautizó el evento como “el Mundial del desplazamiento” tras ser notificados de la remoción de sus puestos.
En el caso del edificio de Gómez, los vecinos acudieron a tribunales argumentando su derecho a comprar los departamentos o, al menos, ser reubicados en otros similares, dijo Arturo Aparicio, el abogado que los representa. El caso sigue estancado.
Las autoridades de la Ciudad de México han afirmado que proporcionarán asistencia jurídica a los residentes que deseen regresar. El gobierno local también ofreció alojamiento temporal y una ayuda de 4 mil pesos al mes a cada familia. Hasta abril, las negociaciones continuaban.
Desplazamiento y presión inmobiliaria
Las rentas se han disparado en toda la Ciudad de México. El precio promedio de un departamento de dos habitaciones y 65 metros cuadrados en la alcaldía Cuauhtémoc –que incluye colonias como Condesa y Roma– aumentó un 48 por ciento en junio de 2025 en comparación con hace cinco años, según el portal Inmuebles24.
Estas zonas se han transformado para dar cabida a una ola de extranjeros. Ahora en la Condesa es más común encontrar cafeterías especializadas o estudios de pilates donde antes estaban tiendas de abarrotes.
“Va desapareciendo la tortillería, el mercado y la carpintería, y esto está siendo sustituido por otro tipo de comercios”, afirma Pablo Gaytán, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. “Ponen una tienda de alimentos orgánicos, que es para otro tipo de consumidor, a un mayor costo, y eso tiene efectos en los alquileres”.
El fenómeno ya no se limita a zonas icónicas. Ante la escasez de vivienda, zonas vecinas como Narvarte –que registró un aumento del 40 por ciento en cinco años– también han visto la llegada de coffeeshops de cannabis y tiendas vintage. En colonias como Tlatelolco, Pensil Norte o Anáhuac, los precios subieron al recibir a personas desplazadas de zonas gentrificadas, según Propiedades.com.
Muchos residentes se han marchado voluntariamente conforme aumentaban las rentas. Sin embargo, estos barrios también se han convertido en focos de desalojos, tanto legales como ilegales.
“Lo que llama la atención es que está ocurriendo en zonas más céntricas y urbanas”, dijo Gómez, de Eurasia.
Dado que muchos desalojos no siguen el proceso legal, es difícil obtener datos precisos. Un factor es que alrededor del 46 por ciento de los inquilinos no cuenta con contratos formales, lo que los deja vulnerables a abusos, según la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 del INEGI. Otro factor es la débil aplicación de la ley, según Gaytán y Juaricua.
Tras las protestas, la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó un plan para limitar el aumento de rentas, estableciendo que no pueden crecer por encima de la inflación, que alcanzó el 4.02 por ciento en febrero. Sin embargo, Gaytán advierte que la medida no se aplica de forma efectiva.
“En la Ciudad de México, la gente pone las rentas al precio que quiere, ahora incluso en dólares, obedeciendo únicamente a las leyes de la oferta y la demanda”, dijo.
El plan también busca reforzar la regulación de alquileres de corta estancia en plataformas como Airbnb. El año pasado, legisladores aprobaron limitar estos arrendamientos, prohibiendo alquilar propiedades en estas plataformas por más de la mitad del año.
“México está de moda”
Gene Towle, socio director de Softec México, afirmó que la causa principal de la crisis no son las plataformas, sino la falta de oferta de vivienda asequible.
“La ciudad tiene 2.7 millones de viviendas, de las cuales 600 mil están en renta y solo 20 mil en Airbnb”, señaló. “El alza de precios se debe a la escasez. El gobierno ha decidido no invertir en infraestructura ni autorizar nuevos proyectos”.
Gómez añadió que la solución es construir más vivienda asequible, pero esto se complica por el enfoque del sector privado en desarrollos de lujo y las limitaciones fiscales del sector público. En 2025, la mayoría de las propiedades disponibles eran de lujo, mientras que solo el 8 por ciento eran accesibles, según Propiedades.com.
El objetivo del gobierno es construir vivienda cerca de los centros de trabajo, especialmente para familias jóvenes, reduciendo tiempos de traslado, afirmó Manola Zabalza, secretaria de Desarrollo Económico.
El éxito de la ciudad en seguridad y servicios también ha impulsado la demanda, junto con la llegada de nómadas digitales tras la pandemia.
Esto continuará con la Copa Mundial, que tendrá cinco partidos en la ciudad, incluido el inaugural.
“México está de moda”, repite con frecuencia la presidenta Claudia Sheinbaum.
Como preparación, la vía entre el centro y el Estadio Azteca se transforma con un corredor peatonal. Sin embargo, los nuevos desarrollos preocupan a los residentes por el tráfico y la presión sobre el agua. “Va a ser un caos, porque ahí ya hay una crisis de tráfico tremenda”, dijo Gaytán.
“Nos vamos a quedar sin agua”, afirmó Blanca González, profesora de 32 años en Santa Úrsula. “Los precios de los servicios van a subir, todo se va a poner más caro”.
Mientras tanto, en el centro, los desalojados siguen acampando frente a su edificio esperando respuestas. Rezan a Santa María La Juaricua, protectora contra desalojos y gentrificación.
Lilia Pérez, de 72 años, que vende hot dogs junto al campamento, se persignó e hizo una petición para que se cumpla la promesa del gobierno de comprar el edificio.
“Quiero vivir lo que me queda de vida en mi casa”, dijo.
—Con la colaboración de Andrea Navarro y Gonzalo Soto
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