CIUDAD DE MÉXICO. La Secretaría de Gobernación inició operativos para el decomiso y destrucción de máquinas tragamonedas prohibidas por la ley.
En coordinación con los gobiernos estatales, el operativo comenzó en el Estado de México, donde se llevaron a cabo acciones de manera simultánea en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Villa Victoria "para decomisar las máquinas instaladas sin la autorización de esta dependencia en diversos negocios de esas poblaciones".
La dependencia informó que en esta acción participan autoridades de la Secretaría de Gobernación, de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República, además de las del Gobierno del estado como son la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión de Prevención de Riesgos Sanitarios.
En el arranque, en Cuautitlán Izcalli se aseguraron 62 máquinas y fueron clausurados cuatro establecimientos, cuyo giro era exclusivamente de máquinas tragamonedas. En Tecámac se decomisaron 32 máquinas sin el cierre de algún negocio. Mientras que en Villa Victoria 36 máquinas fueron retiradas y tampoco se registró la inhabilitación de establecimientos.
Como parte de los operativos, se presentaron las denuncias ante las autoridades correspondientes por juego ilegal y las máquinas tragamonedas se trasladaron a bodegas ubicadas en el Estado de México, quedando bajo responsabilidad y resguardo de las autoridades locales hasta su destrucción.
Por ejemplo, en el Estado de México se tienen ubicadas alrededor de 20 mil máquinas tragamonedas ilegales, las cuales se localizan en lugares de fácil acceso como farmacias, tiendas de abarrotes, paraderos de autobús, mercados, entre otros.
Los operativos para decomisar y destruir las máquinas tragamonedas forman parte del programa permanente que la Secretaría de Gobernación implementa, en coordinación con los Gobiernos estatales, el cual estará en funcionamiento hasta en tanto sean erradicadas del país.
La Secretaría de Gobernación argumentó que pone en marcha este proyecto de alcance nacional toda vez que diversas voces ciudadanas, principalmente padres de familia, han demandado a las autoridades federales y estatales su intervención a fin de proteger a los sectores vulnerables de la población como son los menores de edad y de acotar los espacios a la delincuencia organizada que, en la mayoría de los casos, opera en la instalación y uso de este tipo de máquinas.
Explicó que las máquinas tragamonedas "representan una fuente de corrupción de menores y su uso una adicción que abre la puerta a la delincuencia. La adicción a estos juegos por parte de los menores de edad puede implicar deserción escolar, acompañada de actos de violencia con el propósito de obtener dinero, además de que genera una falsa expectativa de obtener recompensas económicas sin hacer mayor esfuerzo".