TUXTLA GUTIERREZ.- En diversas comunidades afectadas por el sismo del 7 de septiembre, crearon fiscalías ciudadanas, quienes participan junto a las autoridades comunales en la verificación de los daños y el uso de fondos gubernamentales.
"Que todos los recursos que vayan a bajar a este lugar se manejen de forma transparente, que hagan lo que se tenga que hacer, pero de forma adecuada. Que no nos vaya a pasar lo mismo del 2005 cuando el (paso del huracán) Stan devastó la zona costa, las aves de rapiña se llevaron los recursos", demandó Amauri Chandomi Moguel, quien con unas 50 personas del ejido Lázaro Cárdenas se organizaron para participar junto a las autoridades ejidales en la elaboración del diagnóstico de daños y en la fiscalización para el manejo de recursos.
Los 50 ciudadanos de Lázaro Cardenas, comunidad donde 258 casas destruidas por el sismo -la tercera parte de las que componen el poblado-, tomaron las riendas en la elaboración de censos de los daños y en verificar que los recursos que hasta ahora se han destinado a la comunidad, se distribuyan a los damnificados.
Con libreta en mano, visitaron cada una de las casas del ejido, y corroboraron que las autoridades de Protección Civil acudieran a hacer el diagnóstico de los daños que dejó el sismo. Hasta el momento las autoridades únicamente han colocado una calcomanía donde viene un código de barras y las siglas FONDEN.
"Sabemos que hay un fondo federal, necesitamos que nos vengan a asesorar para hacer los expedientes de las casas que fueron colapsadas, para que podamos cumplir con los requisitos necesarios y nos den lo que se necesita (…) queremos que las cosas sean transparentes", señaló Amauri.
En el poblado Paredón del municipio Tonalá, el más afectado por el sismo, maestros de educación básica también se organizaron para coadyuvar en el censo de daños y verificar el uso de los recursos que hasta ahora ha recibido la comunidad. Ellos esperan que estas fiscalías ciudadanas se repliquen en el resto de los municipios.
Otro grupo de ciudadanos abrieron bases de datos en páginas electrónicas, con la intención de hacer un mapeo colectivo -que ya inició en Oaxaca-, para que en Chiapas se lleve de manera independiente al registro gubernamental, un seguimiento del proceso de reconstrucción y uso de los recursos públicos destinados a este fin.