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Fiscalía de Veracruz asegura que proceso contra Duarte continúa

Detalló el fiscal de Veracruz que aunque el expriista promovió una demanda de amparo para que no se ejecutaran las órdenes de aprehensión en su contra indicó que ya está designada la fecha de su audiencia. 

XALAPA.- El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, aseguró que el proceso en contra del exgobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, sigue su curso.

Al respecto, detalló que aunque el expriista promovió una demanda de amparo para que no se ejecutaran las órdenes de aprehensión en su contra, indicó que esto no implica que no pueda ser llevado a la audiencia correspondiente.

Al respecto, aseguró que ya está designada la fecha de dicha audiencia, y aunque se negó a decir cuándo será, señaló que se llevará a cabo en la Entidad y será pública.

Winckler Ortiz agregó que Duarte de Ochoa ha rechazado su traslado debido a que dice desconfiar de las autoridades locales, situación que debe resolverse.

"Es un tema que no compartimos porque es un tema de jurisdicción local y aquí se tendrá que resolver".

Entre otras cosas, el Fiscal del Estado mencionó que aunque no hay denuncias en contra de Fidel Herrera Beltrán, su nombre aparece en algunas investigaciones sobre irregularidades en el manejo de fondos del sector salud en algunas actas, sin embargo, no forma parte de una investigación por separado.

Asimismo, refirió que hay carpetas de investigación en contra del exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, así como en contra de sus colaboradores, que no han sido judicializadas. Estas carpetas son por omisiones durante su gestión.

Acerca de los apoyos que se repartieron al sur de Veracruz, indicó que se abrió una carpeta de investigación en contra de la diputada federal por Morena, Rocío Nahle, así como de los exfuncionarios: Rafael Jesús Abreu Ponce, exdirector de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Coatzacoalcos; Ricardo Cabrera Férez, exdelegado de Patrimonio del Estado en Xalapa y Mauro Sánchez Pola, exrector de la Universidad Tecnológica del Sureste en Nanchital. De comprobarse que incurrieron en la utilización de recursos públicos para repartir apoyos en el sur del Estado, comentó Winckler Ortiz, podrían hacerse acreedores a penas que van desde los dos a los nueve años de cárcel. Asimismo, refirió que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) podría atraer los casos.

"Son dos carpetas por los mismos hechos. Evidentemente, la FEPADE puede ejercer su facultad de atracción y llevar a cabo las investigaciones conclusivas, en razón de que es un autoridad federal y son delitos que rigen una Ley General Federal podrían atraer el asunto; tanto del de Rocío Nahle como de la gente del Gobierno del Estado".

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