PUEBLA.- La Comisión de Transporte del Congreso de Puebla aprobó la reforma a la Ley en la materia, con la la cual se busca mejorar la regulación de servicios de transporte privado, como Uber y Cabify.
Tras el feminicidio de Mara Fernanda Castilla en la entidad en septiembre pasado del que se acusa a un chofer de Cabify, el gobierno estatal presentó al Congreso local una propuesta de reforma para endurecer los controles de seguridad a las empresas que ofrecen este servicio.
La iniciativa que llegará al pleno del Congreso estatal propone las siguientes medidas:
1. El pago por la prestación de este servicio se realizará únicamente de forma electrónica.
2. La empresa debe actualizar el padrón de los choferes cada mes ante la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT) de Puebla.
3. Las empresas de redes de transporte no podrán deslindar su responsabilidad civil, penal o administrativa cuando sus agremiados incurran en alguna irregularidad.
4. La empresa debe vigilar que los usuarios concluyan los viajes para los cuales solicitaron el servicio y en caso de que no sea así, notificar a la autoridad.
5. Están obligadas a realizar campañas informativas para prevenir la violencia de género, la discriminación o violación de los derechos humanos.
6. Permitir a la SIMT el acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas tecnológicas que utilicen para la prestación del servicio para vigilar a los conductores y garantizar la seguridad de los usuarios.
7. Permitir que el usuario comparta en tiempo real su trayecto a terceros que incluya fotografía del conductor y las características de la unidad. Una vez concluido el viaje, la empresa debe enviar los detalles de la misma al correo electrónico del cliente.
8. La empresa deberá contar con registros de sus viajes por un mínimo de dos años a partir de la finalización de cada viaje.
9. Debe poner a disposición de los usuarios un sistema de comunicación seguro y anónimo de llamadas y mensajes de texto dentro de la aplicación mediante la cual se preste el servicio ejecutivo.
10. Se cancelará el registro si se altera la información que se entregue a la autoridad, con los pagos de las contribuciones al Estado o por razones de interés público.
11. Los choferes ya no operarán con licencia particular sino mercantil.
12. La autoridad podrá parar a los conductores para revisar sus documentos e infraccionarlos cuando infrinjan la Ley.
13. Se debe actualizar cada seis meses la constancia de No Antecedentes Penales y aprobar exámenes toxicológicos, psicológicos, psicométricos y una investigación socioeconómica. Respecto a este punto, Uber consideró que se trata de un requisito exagerado, ya que también se está discriminando a quien busca un ingreso extra.
14. Contar con constancia que acredite que se encuentran capacitados en materia de igualdad de género, no discriminación y derechos humanos, por alguna institución oficial en el Estado.
La iniciativa enviada por el gobierno estatal fue avalada esta tarde en la comisión de transporte con cuatro votos a favor y dos abstenciones.
En la discusión se habían incluido otras propuestas que finalmente fueron rechazadas, como la propuesta de que exista pago en efectivo en los vehículos que operen con estas plataformas, o la de requerir cada año la Constancia de Antecedentes No Penales.
LAS REACCIONES
Ante la decisión, la empresa Uber informó que su operación en Puebla podría suspenderse ante la iniciativa para modificar la Ley de Infraestructura y Transporte de Puebla.
A través de un comunicado, la firma llamó a las autoridades de Puebla "para reconsiderar las limitantes que contiene la iniciativa para modificar la Ley de Infraestructura y Transporte del estado, las cuales rebasan cualquier mejora en la seguridad de los ciudadanos y de hecho transgreden derechos fundamentales de los mismos".
Añade que de aprobarse esta regulación en todos sus términos, la operación de su aplicación "se volvería prácticamente imposible", ya que desvirtúa los principios de la economía colaborativa, invade el derecho a la privacidad de las personas, discrimina a la población menos favorecida y, en consecuencia, "Uber se vería obligado a suspender sus operaciones en el estado, con todas las desafortunadas consecuencias que de ello derivan principalmente para los Poblanos".