Ordena CoIDH a México que regule la prisión preventiva oficiosa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó ayer una sentencia que obliga al Estado mexicano a eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa de su orden legal, incluso de la Constitución.

Se trata de la sentencia García Rodríguez y otro vs. México, que concluyó que el Estado mexicano es responsable de una serie de violaciones de derechos humanos de Daniel García y Reyes Alpízar.

Ambas personas estuvieron presas por más de 17 años, sin una sentencia, acusadas del asesinato de María de los Ángeles Tamez, exregidora de Atizapán, Estado de México, el 5 de septiembre de 2001.

Según la CoIDH, al arraigarlos y someterlos a prisión preventiva oficiosa, el Estado mexicano violó sus derechos a la integridad y libertad personal, igualdad ante la ley, garantías judiciales y protección judicial.

También les violó la presunción de inocencia y vulneró el derecho de defensa a García Rodríguez, quien no tuvo abogado en las primeras etapas de su detención; además, ambos fueron sometidos a coacción y tortura.

Por ello, la CoIDH obligó al Estado mexicano a realizar acciones de reparación para el caso en particular, como concluir los procedimientos penales e indemnizar a las víctimas.

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También ordenó acciones generales. “El Estado (mexicano) deberá dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal (y) adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa”, dijo.

Agregó que el arraigo es una medida restrictiva que vulnera los derechos a la libertad personal, a ser oído y a la presunción de inocencia, y la prisión preventiva oficiosa deja a los jueces sin posibilidad de ejercer un control sobre la pertinencia de su aplicación.

Experto: Es vinculante, pero...

Para Cristian Miguel Acosta, académico de la UNAM y director del Seminario de Derechos Humanos en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, esta sentencia es histórica para el sistema jurídico mexicano.

“Es un parteaguas, un cambio de paradigma para el sistema jurídico, pero también para las libertades y protección de los derechos humanos de todas y todos”, explicó a El Financiero.

Es importante, dijo, porque, por primera vez, la CoIDH ordena una reforma al sistema constitucional mexicano, y exige eliminar del ordenamiento jurídico el arraigo y la prisión preventiva oficiosa: “Es la primera vez que se pone a la Constitución frente a los tratados internacional de los que es parte México”.

Señaló que la determinación es vinculante para el Estado mexicano, pese a lo cual no hay mecanismo que garantice su acato. “No hay un mecanismo de obligación, todo se da bajo el principio de buena fe”, dijo

Recordó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha dicho que en México no hay ley superior que la Constitución, y que no puede venir un tribunal extranjero a obligarnos a aplicar su resolución, “por lo que se ve difícil el acatamiento de la sentencia”.

Pese a ello, agregó, no es imposible el cambio, ya que los jueces comenzaron a aplicarlo y los abogados deben exigir su aplicación.

Otros connotados abogados celebraron la sentencia. José Ramón Cossío, exministro de la Corte, consideró en Twitter que se trata de un gran avance para la plena vigencia de los derechos humanos.

El constitucionalista Miguel Carbonell estimó que la sentencia debe generar profundos cambios en el sistema de justicia penal.

Respeta derechos, dice

El Estado mexicano analizará con atención la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de cumplir sus disposiciones, las cuales ordenan a México eliminar el arraigo y modificar la ley respecto a la prisión preventiva oficiosa, aseguró el gobierno federal.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores anunciaron, además, que asegurarán el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los compromisos internacionales.

Pusieron énfasis en que México reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, y con los instrumentos y mecanismos que los protegen, tanto en el ámbito regional como universal.

“La determinación de la Corte Interamericana servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios”, afirmaron.

-Con información de Eduardo Ortega.