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El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró el sobreseimiento de la indagatoria en torno al caso Odebrecht, durante la sesión extraordinaria del Consejo General realizada este jueves, ante falta de pruebas, en el que presuntamente la empresa brasileña entregó sobornos que fueron a parar a la campaña de Enrique Peña Nieto.
Lorenzo Córdova, consejero presidente, criticó que se haya querido construir una narrativa de que el INE ha sido “condescendiente” en el tema, cuando se topa con la “negativa” de la Fiscalía General de la República (FGR) del secreto ministerial, y no haya obtenido pruebas suficientes.
“Las fuentes que permitieron denunciar aquel caso son fuentes de la jurisdicción extranjera, y este instituto no puede allegarse de información producto de investigaciones en el extranjero, porque la única manera es con autoridades que tienen convenios, como es el caso de la autoridad que en Brasil, en la década pasada, evidenció los casos de corrupción”.
Se pronunció porque los partidos presenten impugnaciones, y entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordene llegar al fondo del caso.
La consejera Carla Humphrey criticó que la autoridad administrativa, la única autorizada para fiscalizar los recursos de partidos, esté sometida a secretos, por lo que el INE tendría que iniciar una ruta jurídica para eliminarlos.
En tanto, la consejera Dania Ravel recordó el tribunal ordenó a la FGR entregar carpetas de investigación, pero la autoridad ministerial no cooperó para llegar a una conclusión distinta
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El plazo límite del INE para resolver el caso, en contra de los partidos PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, era mayo de este año.
Eurípides Sandoval, representante de Morena, criticó a la autoridad electoral por dar “carpetazo” al tema Odebrecht.
Por el caso Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, sigue un proceso judicial; pues ha declarado haber recibido hasta 100 millones de pesos la brasileña.
Durante la sesión, el Consejo General también declaró infundada la presunta desviación de 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda, en tiempos de Luis Videgaray, para las elecciones de 2015.