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La iniciativa en materia electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo “socava la autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales”, sino además “pone en riesgo la sobrevivencia de los partidos”, alertó Integralia Consultores.
En su reporte especial Implicaciones de la reforma electoral, la consultora encabezada por Luis Carlos Ugalde advierte que elegir a los consejeros y magistrados electorales por voto popular politizaría su perfil.
“En lugar de expertos, los cuadros directivos serían políticos profesionales, militantes y activistas. Asimismo, conseguir los fondos para desplegar una campaña nacional en busca del voto puede implicar varios millones de pesos (o decenas): quien compita tendrá fondeadores externos con intereses políticos o económicos”, proyecta.
Por otro lado, en el documento se señala que los partidos políticos, sin financiamiento público en años no electorales, son vulnerables y se convierten en maquinarias para ganar elecciones, lo cual va en contra de su rol como intermediarios, reclutadores de liderazgos sociales y contrapesos al poder de los gobiernos.
En un escenario de prospectiva, Integralia Consultores prevé que, aunque el gobierno carece de los votos para aprobar esta iniciativa de reforma constitucional, Morena la someterá a voto con fines testimoniales.
“Si es rechazada, el partido oficial podrá optar por la ruta de los cambios legales en diversos temas; por ejemplo, fiscalización, multas, propaganda gubernamental, tiempos de radio y TV, aunque ninguno de ellos podría afectar la estructura y facultades del Instituto Nacional Electoral (INE), ni los temas torales del sistema electoral”, se estima.
No obstante, advierte que el oficialismo “aprovechará el rechazo para justificar los recortes presupuestales al INE en 2023 y 2024, los cuales complicarán la operación del instituto, además de que se redoblarán los ataques reputacionales al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
De acuerdo con el reporte, otra de las implicaciones de la reforma presidencial es que la conformación del padrón electoral ya no sería una atribución del INE.
La eliminación de dicha atribución “genera incertidumbre respecto a quién sería el responsable de conformarlo, y el posible uso clientelar o político de la lista de electores”.