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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó al Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que en México no existe y se requiere “el establecimiento de un marco normativo mínimo idóneo, la realización de un reporte nacional de personas desaparecidas y no localizadas, y la creación de un Mecanismo Extraordinario Forense”.
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación desmintió a la CNDH y, en un comunicado de aclaración indicó que “en noviembre de 2017 fue publicada la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los cuales han sido fundamentales para guiar las obligaciones del Estado mexicano e impulsar la política pública en la materia”.
La Segob también aseguró que, “de igual forma, en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda se ha emitido el Protocolo Homologado de Búsqueda y el Protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños y adolescentes, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación”.
Sostuvo que “la Comisión Nacional de Búsqueda puso en funcionamiento desde noviembre de 2019 el registro de personas reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas, en el cual existe la posibilidad de que cualquier persona pueda reportar, incluso de forma anónima y desde cualquier rincón del país, la desaparición de una persona para activar su búsqueda, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno”.
Lo anterior –agregó- “sin necesidad de tener una denuncia ante la Fiscalía General de la República o las fiscalías generales de justicia de los estados. Este reporte ha sido difundido mediante campañas de difusión desde la Presidencia de la República”, indicó.
También recalcó que “en diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo del Sistema Nacional de Búsqueda, mediante el cual se creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, cuyo Grupo Coordinador fue presentado públicamente el 30 de agosto de 2021″.
“Todas las acciones que se han impulsado desde la Comisión Nacional de Búsqueda para fortalecer la política pública en esta materia, se han llevado a cabo de forma coordinada con familiares de personas desaparecidas, sociedad civil y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y autoridades de las entidades federativas y la Federación”, precisó.