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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó al juez Brian M. Cogan, de la Corte de Distrito en Nueva York, que el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón, se celebré en el otoño del 2022.
La fiscalía y la defensa del exfuncionario señalaron que durante la siguiente audiencia solicitarán al juez Cogan que reprograme el juicio para dentro de un año y anticiparon que dicho proceso durará al menos ocho semanas.
“Las partes han consultado y solicitado, según la disponibilidad de la Corte, que se programe el inicio del juicio en el otoño de 2022. El gobierno anticipa que el juicio durará aproximadamente ocho semanas, incluida la selección del jurado”, se lee en un documento ingresado a la corte esta mañana por el mismo fiscal Breon Peace y el cual fue enviado con copia para César De Castro, abogado de García Luna.
En dicho documento, la fiscalía aseguró que el gobierno continúa el proceso de recopilación y revisión de mayores pruebas en el caso del exsecretario y que hasta el pasado 16 de agosto ya se había revelado que existen más de mil 500 páginas de documentos.
Aunado a ello, las autoridades de aquel país están a la espera de que se dé respuesta a otras comparecencias de otros testigos y de la obtención de mayores informes relacionados a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Apenas ayer, Iván Reyes Arzate, excolaborador cercano a García Luna, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para la distribución de cocaína y de colaborar para el Cártel de Sinaloa en el sexenio de Calderón.
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Asimismo, la fiscalía señaló que tanto el Departamento de Justicia como la defensa del exfuncionario “han enfrentado retrasos importantes en la preparación del juicio este caso a la luz de la pandemia, incluidas las limitaciones en la capacidad del gobierno para cumplir con los testigos encarcelados y limitaciones en la capacidad del abogado defensor para reunirse con el acusado”.
En ese mismo sentido, los fiscales en Nueva York pidieron una audiencia para que el juez del caso de García Luna, imponga normas respecto a cómo manejar información confidencial que podría salir a la luz antes y durante el juicio, con la finalidad de evitar “problemas de seguridad nacional”.