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FGR manipuló datos de investigadores del Conacyt, acusan abogados

Abogados aseguraron que en la imputación de la FGR ni siquiera hubo una denuncia previa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), previsto por la ley como requisito de procedibilidad.

La Fiscalía General de la República (FGR) manipuló el caso de 31 investigadores del Conacyt, con el fin de imputarles lavado de dinero y delincuencia organizada, penados en conjunto hasta con 35 años de cárcel.

Abogados de algunos imputados dijeron a El Financiero que no se configura ninguno de los dos delitos. “Todos sabemos que no es operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y menos delincuencia organizada”, dijeron los titulares del despacho Del Río y Moreno de Lieja.

Explicaron que, según lo planteado por la FGR, el delito de lavado proviene por los recursos que debió otorgar el Conacyt al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, hasta 2019.

Sin embargo, la Suprema Corte reconoció la legitimidad del esquema de entrega de esos recursos, por lo que no se actualiza el delito de lavado de dinero.

Aseguraron, además, que en la imputación de la FGR ni siquiera hubo una denuncia previa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), previsto por la ley como requisito de procedibilidad.

En este caso, la denuncia fue presentada por la FGR y no por la UIF, cuyo titular, Santiago Nieto, se manifestó públicamente contra el uso de este órgano para investigar instituciones académicas.


ALARMA EN EL MUNDO EMBESTIDA A CIENTÍFICOS

Científicos del mundo se dijeron alarmados por la actuación de la Fiscalía General de la República contra 31 científicos mexicanos.

La Red Internacional de Academias y Sociedades Académicas de Derechos Humanos (IHRN), integrada por 90 sociedades científicas honorarias nacionales, y la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL), alzaron la voz a favor de los investigadores mexicanos.

La IHRN advirtió que la actuación de la FGR es inconsistente con las obligaciones del Estado mexicano ante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En tanto, la ACAL calificó de “muy preocupante” que se desacredite a la comunidad académica sin fundamento y que las instituciones académicas sean objeto de persecución y amedrentamiento.

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