TEPJF valida elección en Michoacán y triunfo de Rodríguez Bedolla

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó, por unanimidad de sus siete integrantes, la elección en Michoacán y por ende el triunfo del candidato del partido Morena, Alfredo Ramírez Bedolla.

Las y los magistrados desestimaron todos y cada uno de los argumentos presentados por la coalición PRD-PAN-PRI, misma que pretendía la anulación total de la elección en el estado de Michoacán.

Dijeron que, si bien sí se acreditó un efecto por la violencia del crimen organizado y la influencia de algunos sindicatos, este impacto no fue generalizado, sino que se focalizó en cuatro municipios.

“Aun considerando el contexto de la elección y la presencia del crimen organizado en algunas partes del estado, no se advierte que haya existido una situación de violencia generalizada o con impacto en toda la elección”, dijeron.

Las y los magistrados detallaron que entre los actos que sí se acreditaron en la elección del 6 de junio pasado en Michoacán están la intimidación y presión del crimen organizado sobre algunos de los participantes en el proceso.

Además, reconocieron el secuestro de un presidente de mesa de casilla y quema de boletas, pero reiteraron que estas acciones se centraron exclusivamente en los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho.

Por ello, los magistrados ordenaron la nulidad de todos los votos registrados en esos municipios. En conjunto se anuló la votación recibida en 129 casillas de las 255 que se instalaron en el Distrito 22.

Pese a lo cual, Ramírez Bedolla mantuvo una ventaja de 47 mil 954 votos con relación a su más cercano competidor, cifra que representa el 2.77 por ciento de la votación total, es decir, no hubo variación significativa en el resultado final.

Las y los magistrados recordaron que para la elección de la renovación de gubernatura en Michoacán se instalaron 6 mil 153 casillas. Al restar las 129 invalidadas, al final sólo se contabilizó la votación de 6 mil 024 casillas.

“Esto equivalente a un 97.9 por ciento del voto se ejerció en condiciones de normalidad y sólo 2.10 por ciento de las casillas se habría visto afectado por algún acto de violencia”, dijeron los magistrados.

“Si bien existen elementos para identificar un contexto de presencia del crimen organizado del estado de Michoacán no se acredita la situación generalizada de violencia electoral alegada por los promoventes”, señala la sentencia elaborada por el magistrado Indalfer Infante González.

Los magistrados desestimaron los argumentos de los impugnantes en el sentido de que hubo manipulación de boletas, embarazo generalizado de urnas.

Agregaron que, si bien hubo algunas faltas a la ley por el ilegal apoyo a la candidatura de Ramírez Bedolla por parte de funcionarios locales y federales, tampoco hubo efectos generalizados.

Por ello, puntualizaron, se ratifica el triunfo del candidato del partido Morena, Alfredo Ramírez Bedolla.

Al final, las y los magistrados avalaron, por mayoría de cinco votos, la propuesta del magistrado Felipe de la Mata de vincular al Instituto Nacional Electoral (INE) para que, una vez reconociendo el problema, se tomen medidas precautorias para garantizar las elecciones en zonas conflictivas por presencia del crimen organizado.

“La violencia por grupos criminales al margen de la ley en las elecciones es un elefante blanco en el cuarto de la democracia mexicana y a mi juicio hacerla visible es el primer paso para remediarla”, dijo el magistrado De la Mata, quien agregó que voltear para otro lado “no es razonablemente una solución”.

El magistrado Infante González, ponente en el caso, dijo que este protocolo que se ordenará al INE está comprendido en el documento denominado “Estrategia de protección en contexto electoral”.

Ahí se advierte: “Michoacán está entre los estados en los que existe mayor riesgo de que los aspirantes a candidatos sean cooptados por la delincuencia, razón por la cual se promueve una estrategia de seguridad electoral con el fin de detectar amenaza, riesgos y vulnerabilidades, a fin de prevenir, evitar y sancionar las acciones de la delincuencia que asesina, extorsiona, coopta y secuestra candidatos y servidores públicos”.