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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un recurso de revisión que promovió el Ejecutivo federal para evitar el análisis de la constitucionalidad del uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad.
En sesión pública, los ministros de la Segunda Sala de la SCJN calificaron de infundada la pretensión del Ejecutivo federal por lo que desecharon su recurso de reclamación, radicado en el expediente 54/2020.
La reclamación fue promovida por el Ejecutivo contra la decisión de la ministra Margarita Ríos Farjat, de 25 de junio de 2020, mediante la cual admitió a trámite la controversia constitucional 90/2020.
Dicha controversia fue presentada por Angélica Rojas, entonces presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en representación de diversos diputados y diputadas federales de oposición.
Los legisladores impugnaron el acuerdo por el que el Ejecutivo dispuso de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Dicho acuerdo se publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación de 11 de mayo de 2020.
La presidencia de la República, a través del Consejero Jurídico, presentó una reclamación contra la aceptación a trámite de la citada controversia y acusó falta de legitimidad por parte de la diputada Rojas.
Y es que consideró que era necesario someter a consideración de todos los y las diputadas la propuesta de promover la citada controversia y que al menos una tercera parte la validara, lo cual no ocurrió.
Por ello, el Ejecutivo consideró que debía revocarse el acuerdo de la ministra Ríos Farjat y desechar la citada controversia constitucional.
No obstante, tras revisar el caso, la ministra y ministros integrantes de la Segunda Sala decidieron este miércoles por unanimidad desechar la impugnación del Ejecutivo, con lo que la ministra Ríos Farjat continuará con el estudio de la citada controversia.
Cabe destacar que no es el único recurso promovido ante la Suprema Corte contra el uso del Ejército en tareas de seguridad. El gobernador de Michoacán y el municipio de Colima también la impugnaron.