El Instituto Federal de Defensoría Pública, dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, acusó al Congreso de la Unión de incurrir en otra “omisión” más, ahora en contra de niños y mujeres migrantes.
La directora de Litigio Estratégico de la Defensoría Pública, Anel Ortega Moreno, denunció que los diputados y los senadores ignoraron la sentencia del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX contra el Poder Legislativo -emitida desde el 5 de febrero de 2017-, que lo acusa de “omisión legislativa” y le ordena emitir la ley general “que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los Registros Civiles en todos los estados del país como lo mandata la Constitución” en materia de migración.
Explicó que “ante la situación de vulnerabilidad que sufren mujeres, niñas y niños nacidos en México de padres migrantes en situación irregular”, la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (ULEDH) del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) interpuso un juicio de amparo ante el Juzgado Octavo, que ordenó que “a la brevedad” se emitiera dicha ley general y no se ha cumplido.
En entrevista con EL FINANCIERO, la abogada Anel Ortega Moreno alertó que “cada mes alrededor de 3 mil mujeres migrantes, regulares o irregulares, se ven en problemas para acudir a alguna instancia para registrar a sus hijos”.
Detalló que “en 2019 se registraron 187 mil migrantes, de los cuales un promedio de 3 mil cada mes fueron mujeres que podían estar embarazadas, que dieron a luz o que estaban en lactancia”.
“El pico del 2019 estuvo entre abril y junio. En abril se registraron 7 mil mujeres, en mayo 8 mil 200, en junio 10 mil 900 mujeres migrantes en alguna condición irregular. Es un grupo de población bastante amplio”, advirtió.
Señaló que “tampoco el Ejecutivo federal ha mostrado interés en la protección de esta población y no ha presentado iniciativa alguna”. Por el contrario, el Instituto Nacional de Migración, “sólo ha sido un obstáculo, un muro de opacidad, de bloqueo al acceso a las estaciones migratorias, donde sólo prevalece la violación a los derechos humanos”.
Explicó que por tratarse de una legislación de carácter federal, sólo compete a la Cámara de Diputados o al Senado de la República ser cámaras de origen para presentar una iniciativa sobre el tema, y que los Congresos locales no tienen facultades.
Resaltó que el Senado de la República interpuso un recurso de revocación en contra de la sentencia del juez, al argumentar que el Instituto Federal de Defensoría Pública no tiene facultades para presentar un juicio de amparo en demanda de la protección a los migrantes, mismo que fue revocado y dio la razón a la Defensoría, informó Anel Ortega.
