El Índice de Estado de Derecho 2020-2021 de World Justice Project (WJP) revela que el sistema de justicia penal es el principal desafío para México, pues el puntaje en esta área cayó en 16 de las 32 entidades por la pandemia y la “parálisis” institucional.
Observa, además, un “debilitamiento” de la libertad de prensa y de la sociedad civil, pese a que están identificados como los mayores contrapesos al Poder Ejecutivo, por encima del Legislativo y del Judicial.
El análisis sostiene que la crisis sanitaria y la ausencia de medidas de justicia abierta y digital complicaron aún más su acceso en los 32 estados, a lo que se suma una cifra negra promedio de 92.4 por ciento de delitos que no se denuncian o para los que no se inicia una carpeta de investigación.
Considera que el mayor reto del sistema de justicia penal en México es la efectividad en las investigaciones de la policía y el ministerio público.
Los estados donde la justicia penal cayó en el índice son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.
“La emergencia sanitaria iniciada en el año 2020 y aún en curso, ha trastocado toda dimensión posible de nuestra vida en las esferas privada y pública, y el Estado de Derecho no ha sido la excepción.
“Destaca la parálisis mostrada por los servicios de justicia que, en ausencia de previsiones de Justicia Abierta y Digital se vieron forzados a suspender su funcionamiento por un largo periodo de tiempo, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial”, advierte el informe.
Refiere que los datos también muestran un debilitamiento de la libertad de prensa y una reducción del espacio cívico, con caídas en puntajes en 16 estados, situación que venían presentándose desde antes de la pandemia.
Por tercer año consecutivo, WJP mide el funcionamiento del Estado de Derecho en México a través de ocho factores principales: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Lo hace con una metodología similar a la que utilizada durante la última década en más de 120 naciones.
Los factores que se miden van de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho, aunque ninguna entidad la alcanzó.
En el ranking Ciudad de México fue identificada como la peor en el factor de ausencia de corrupción con un puntaje de 0.30.
Veracruz ocupó los últimos lugares en las áreas de justicia penal, límites al poder gubernamental y derechos fundamentales con 0.27, 0.34 y 0.41.
Guanajuato registró el puntaje más bajo en orden y seguridad con 0.22; Quintana Roo en justicia civil con 0.31; Chiapas en cumplimiento regulatorio 0.27 y Querétaro en gobierno abierto con 0.27.
El promedio de los indicadores arroja que los estados con índices más altos de cumplimiento son Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44). En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos (0.36).
Alejandro González, uno de los coordinadores de la evaluación, comentó que el índice “brinda datos robustos y hallazgos accionables para informar los diagnósticos y estrategias para el fortalecimiento del Estado de Derecho en planes y programas de las 32 entidades federativas”.
Leslie Solís afirmó que los resultados evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades desde la versión pasada.
