A menos de 48 horas de la entrada en vigor de nuevas regulaciones para el trabajo privado en Cuba, el gobierno anunció que se harán modificaciones en algunas de ellas por "las dudas, incomprensiones y estados de opinión desfavorables" expresados por los cubanos.
La ministra de trabajo y seguridad social, Margarita González, informó en la televisión estatal que luego de escuchar las opiniones en las reuniones de información realizadas con esos trabajadores se acordó realizar cinco modificaciones a las disposiciones que serán aplicadas a partir de este viernes.
Entre ellas, la más demandada es la eliminación del límite de una sola licencia por persona. Ahora se pueden obtener cuantos permisos se deseen, "siempre que las actividades tengan lógica y cumplan con las disposiciones establecidas", precisó la ministra.
Asimismo se eliminó el máximo de 50 capacidades para restaurantes, cafeterías y bares, así como la prohibición de que no pudieran brindarse estos servicios en un mismo local. También se incluyó la posibilidad de que los dulceros y panaderos puedan vender bebidas no alcohólicas.
Dos modificaciones se aplican asimismo a la cuenta bancaria fiscal obligatoria en seis actividades, consideradas por el gobierno entre las más lucrativas y entre las que se incluyen los restaurantes y el arrendamiento de habitaciones y espacios.
En ese sentido, se reduce el saldo mínimo que debe permanecer en el banco de tres a dos cuotas mensuales del contribuyente y se eleva del 20 al 35 por ciento el monto que no es obligatorio depositar en la cuenta.
La viceministra de finanzas y precios, Meisi Bolaños, dijo que la práctica de una cuenta fiscal es universal y tiene como objetivo facilitar las operaciones de los titulares de estos negocios.
Las disposiciones, anunciadas en agosto y que se aplicarán el viernes, tienen el objetivo, según las autoridades, de ordenar esa forma de trabajo, que ya agrupa a más de 588 mil personas, lo que representa el 13 por ciento de la fuerza laboral cubana.
Sin embargo, en opinión de la web ON CUBA, "parecen más un programa para limitar y reprimir el crecimiento del sector privado que una política dirigida a fomentarlo e incorporarlo a las prioridades económicas de Cuba".
En tanto, los mayores reclamos de este sector no han sido tomados en cuenta en estas disposiciones: la apertura de mercados mayoristas, el derecho a importar –solo pueden hacerlo las entidades estatales- y un sistema tributario más realista y flexible.