PERÚ. Ocho regiones de Perú amanecieron en huelga tras el paro anunciado por sindicatos y asociaciones en protesta por los planes de la empresa minera Grupo México de extraer cobre durante 18 años de un valle agrícola del sur, mediante el proyecto Tía María.
Los militares salieron de sus cuarteles y resguardaban aeropuertos, carreteras y puentes en Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, en una medida inédita del gobierno del presidente Ollanta Humala para ayudar a la policía y mantener el orden durante las protestas convocadas por 48 horas.
El general Enrique Blanco, jefe policial de Arequipa, dijo que quienes lleven piedras, palos o armas punzocortantes serán detenidos. En las protestas desde marzo hasta el fin de semana han muerto tres manifestantes por disparos y un policía falleció por fracturas en el cráneo que le ocasionaron piedras lanzadas por los civiles. En 2011 tres manifestantes también opuestos a la minera mexicana murieron en choques con policías.
Según la Defensoría del Pueblo, esta protesta, la más extensa en lo que va del año, ha dejado casi 300 heridos: más de cien son agentes y el resto manifestantes. La policía ha usado gases lacrimógenos, perdigones y balas. Los manifestantes han arrojado piedras con hondas y han protegido sus cuerpos con escudos de madera, por lo que algunos de sus grupos son llamados "los espartanos".
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos pidió a Humala que el uso de la fuerza cumpla con los estándares internacionales en la materia, mientras que Amnistía Internacional le exigió "hacer todo lo que esté a su alcance para permitir a las personas manifestarse de manera pacífica".
Las clases en decenas de colegios en los Andes estaban suspendidas en apoyo a las manifestaciones y los negocios cerrados. Humala dijo el domingo que a la zona han llegado personas ligadas con "terroristas de Sendero Luminoso", la guerrilla maoísta que operó en Perú en los años ochenta.
Agricultores del valle de Tambo, que abastecen de arroz y papa al país, se oponen al proyecto de mil 400 millones de dólares porque consideran que la mina a tajo abierto contaminará el río Tambo, con el que riegan sus cultivos. Grupo México afirma que utilizará agua del Pacífico procesada en una desalinizadora, que una vez empleada será devuelta al mar.