El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, advirtió que la Fiscalía del Estado investiga la consulta alternativa realizada este domingo en Cataluña, noreste de España, para "valorar la existencia de responsabilidades penales".
En una breve rueda de prensa, el funcionario consideró que la consulta fue "una jornada de propaganda política organizada por fuerzas partidarias de la independencia y carente de cualquier validez democrática".
Las declaraciones de Catalá son la primera reacción de un miembro del gobierno español ante la consulta que fue realizada aún cuando el Tribunal Constitucional la había suspendido.
Sostuvo que "se ha instado a los ciudadanos a participar en el simulacro inútil y estéril" y con el que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, "quiere ocultar su fracaso" por la suspensión de la consulta independentista.
Aseguró que "España es un régimen democrático consolidado, en el que existe libertad de expresión y las consultas se rigen por las normas que garantizan imparcialidad y neutralidad".
Dijo que "los promotores de la consulta han renunciado a cualquier apariencia de neutralidad convertidos en juez y parte del proceso", que ha servido para "exacerbar la división entre los catalanes y tensar las relaciones políticas dentro y fuera de Cataluña".