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En un mensaje transmitido en televisión, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció su decisión de disolver el Congreso e instalar un Gobierno de emergencia, horas antes de que diputados planearan votar la destitución del mandatario peruano.
El anuncio se produjo cuando Castillo se enfrentaba a un tercer intento de destitución en un año y medio de gestión, impulsado por un desprestigiado Parlamento que iba a debatir su posible remoción por “permanente incapacidad moral”.
Por esta razón, el presidente de Perú se anticipó y la mañana de este miércoles dio a conocer que se convocará en la mayor brevedad a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes, que deberá elaborar una nueva carta magna en un plazo de nueve meses.
Además, el mandatario aseguró que sus decisiones responden a la “obstrucción” que ha enfrentado su gobierno por parte del Poder Legislativo.
“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el estado de derecho y la democracia”, dijo en su mensaje a la nación que duró cerca de 10 minutos.
¿Cuáles son las nuevas medidas tomadas por Pedro Castillo?
Castillo afirmó que ahora se gobernará mediante decretos ley y también se reorganizará el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.
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Estas son las nuevas disposiciones:
- Disolver temporalmente el Congreso.
- Convocar a elecciones para elegir un nuevo Congreso.
- Gobierno a partir de decretos ley hasta que no haya una nueva Constitución.
- Toque de queda a nivel nacional de 22:00 a 04:00 a partir de este 7 de diciembre.
- Reorganización del Poder Judicial y otros órganos de justicia.
- Decomiso de armas en posesión ilegal de civiles.
¿Perú vive un Golpe de Estado?
Tras el anuncio del mandatario peruano, legisladores calificaron las medidas como un intento de Golpe de Estado e, incluso, los propios funcionarios de Pedro Castillo criticaron la decisión.
La primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, consideró que la disolución del Congreso anunciada por el presidente “es ilegal, un Golpe de Estado” y solo confirmaría la culpabilidad de los hechos de corrupción que se le imputan al mandatario.
Mientras que Héctor Ventura, presidente de la comisión de Fiscalización, consideró que las Fuerzas Armadas deben respetar el orden democrático. “Aquí vamos a emplazar a las Fuerzas Armadas para que garanticen el orden constitucional en todos sus extremos”.
¿Qué es un Golpe de Estado?
Aunque la REA y distintas fuentes definen o explican qué es un Golpe de Estado, Herminio Sánchez de la Barquera Arroyo, licenciado en Ciencias Políticas de la UNAM, define este concepto como un acto de violencia en contra de las normas constitucionales de un Estado, con el propósito de substituir al régimen o al gobierno por medio de la fuerza militar o amenazando con emplearla.
Se trata, por lo tanto, de un acto ilegal, que generalmente se justifica invocando a valores superiores a la Constitución o argumentando que se desea defender a esta frente a graves peligros.
Los valores que suelen mencionarse para emprender este asalto al orden constitucional son, por ejemplo, la libertad o el orden social. La libertad es un término de legitimación del poder y un derecho ilimitable de las personas. El orden social, por su parte, ha llegado a ser entendido como sinónimo de cohesión social, y designa el hecho de que las instituciones sociales estén bien conformadas y en una relación tal que permita y posibilite el buen funcionamiento de la sociedad.
Al contrario que una revolución, un Golpe de Estado se lleva a cabo generalmente desde arriba, sin apoyo directo de los grandes grupos de la población y abarcan muy diversos grados de intervención de la fuerza en la política.
Asimismo, el Golpe de Estado se trata de un acto anticonstitucional, por medio del cual un gobierno es derribado por un grupo que ya estaba participando del poder.
Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando un Parlamento depone ilegalmente a un primer ministro o cuando un Presidente disuelve por medios violentos al Congreso, o empleando la amenaza del uso de la fuerza. En estos casos, casi siempre se mantienen estables las condiciones sociales, cambiando solamente de manos el poder, que pasa de un grupo de élite a otro.