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El Gobierno del presidente Joe Biden anunció este jueves reglas nuevas que requieren que las autoridades únicamente vayan detrás de los inmigrantes que ingresaron recientemente al país sin autorización legal o que representan una amenaza a la seguridad pública.
Los lineamientos nuevos sustituyen a las reglas interinas que se emitieron en febrero y fueron bloqueadas en agosto por un juez federal como parte de una demanda legal presentada por los estados de Texas y Luisiana. Contrastan con la postura mucho más agresiva en materia migratoria del expresidente Donald Trump, quien al inicio de su mandato instruyó a las autoridades a detener a todo aquel que estuviera en el país sin autorización.
El anuncio se produce en momentos en que Biden ha enfrentado críticas de sus aliados por su dependencia en un mandato de salud pública establecido por el entonces gobierno de Trump para expulsar prácticamente de inmediato a los migrantes detenidos en la frontera con México, al tiempo que los republicanos arremeten en su contra por no hacer lo suficiente para contrarrestar un incremento enorme de migrantes que intentan entrar al país.
Su gobierno ha expulsado a cerca de 5 mil haitianos que ingresaron desde México hacia Del Río, Texas, en semanas recientes.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó a los reporteros que la política nueva se sustenta en la realidad de que Estados Unidos no puede ir detrás de todas las personas que no tienen permiso legal para estar en el país ni debería intentarlo, ya que muchos “han sido miembros que han aportado a nuestras comunidades durante años”.
Las autoridades serán instruidas a enfocarse en aquellos que no son ciudadanos y que han cruzado recientemente la frontera, es decir, después del 1 de noviembre de 2020, o aquellos considerados como una amenaza debido a “actividades delictivas graves”.
A diferencia de las reglas interinas, la actividad criminal no está limitada a la categoría conocida en términos legales como delito mayor con agravantes, sino que dependerá de “la suma de hechos y circunstancias”, aseguró Mayorkas. Las directrices nuevas entrarán en vigor el 29 de noviembre.
Las autoridades de inmigración tendrán prohibido arrestar y buscar la deportación de alguna persona en represalia por ejercer sus derechos establecidos en la Primera Enmienda, como sumarse a una protesta o formar parte de actividades sindicales.
“Estamos requiriendo y francamente otorgamos facultades a nuestra fuerza laboral, conferimos poderes de forma crítica a nuestra fuerza laboral, a ejercer su juicio, su criterio en el cumplimiento de la ley”, declaró el funcionario.
Los activistas a favor de una política migratoria estricta han criticado los lineamientos internos, los cuales tenían un objetivo similar a las reglas anunciadas este jueves, debido a que eran percibidos como un enfoque descendente y que impedía arrestos de bajo nivel que podrían brindar pistas sobre casos más grandes o ayudar a disuadir la inmigración irregular.
Mayorkas recalcó que no tiene mucho sentido ir detrás de los cerca de 11 millones de inmigrantes que están en el país sin estatus legal, incluso si las autoridades tuvieran la capacidad para hacerlo.
“Ellos contribuyen al bienestar de nuestro país y la justicia requiere que utilicemos nuestro criterio en conformidad”, señaló. “El hecho de que un individuo sea no ciudadano elegible a su expulsión no debe ser la única base para ejercer acción en su contra”.
El Gobierno de Trump implementó cientos de medidas para restringir la inmigración, tanto legal como irregular, incluyendo una política de tolerancia cero en los cruces fronterizos que resultó en la separación forzada de miles de familias, así como requerir que los solicitantes de asilo esperaran en el lado mexicano de la frontera a que llegara su fecha de audiencia ante una corte migratoria de Estados Unidos.
Al final, hubo menos deportaciones durante la presidencia de Trump que en el primer mandato del presidente Barack Obama, quien promulgó prioridades de procesamiento similares a las de Biden. Eso se debió en parte a la falta de cooperación de muchas ciudades y estados, cuyos gobernantes se oponían a las políticas migratorias de Trump.