Un juez federal en Houston, Texas, absolvió al empresario mexicano Ramon Alexandro Rovirosa Martínez y anuló los cargos en su contra relacionados con presuntos pagos indebidos vinculados a Petróleos Mexicanos (Pemex), al determinar que la acusación presentada por el gobierno estadounidense carecía de pruebas suficientes y presentó violaciones al debido proceso.
La resolución fue emitida por el juez de distrito Kenneth M. Hoyt, quien otorgó una orden de absolución tras el juicio. El fallo también invalida el veredicto previo y establece que, conforme a la Constitución de Estados Unidos, la decisión no puede ser apelada por el gobierno.
De acuerdo con la resolución, el tribunal identificó fallas procesales relevantes en la actuación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas el uso de pruebas consideradas insuficientes y la vulneración de derechos constitucionales durante el proceso.
Entre los elementos señalados por el juez se encuentra la utilización de mensajes de texto traducidos del español al inglés como evidencia sin que los traductores comparecieran en juicio para ser interrogados por la defensa, lo que fue considerado una violación a la Cláusula de Confrontación.
Asimismo, el tribunal determinó que la fiscalía no entregó de manera completa evidencia digital relevante, como copias forenses de dispositivos electrónicos, a pesar de haber asegurado que el material había sido proporcionado en su totalidad. También se estableció que el caso no contó con testigos cooperantes que respaldaran las acusaciones, basándose principalmente en traducciones de comunicaciones.
El fallo también señala el uso de una entrevista grabada sin conocimiento del acusado, la cual fue presentada ante el jurado sin posibilidad de contrainterrogatorio, lo que fue considerado una violación a la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Tras la absolución, los fiscales solicitaron que Rovirosa permaneciera bajo custodia; sin embargo, el juez rechazó la petición y ordenó su liberación inmediata.
El caso se analizó bajo la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), una legislación de Estados Unidos que permite a sus autoridades investigar y procesar posibles irregularidades en operaciones internacionales cuando existe algún vínculo con su sistema financiero, empresas registradas en ese país o transacciones realizadas en su territorio. Bajo este marco legal, personas extranjeras pueden ser sujetas a procesos judiciales en tribunales estadounidenses, como ocurrió en este caso.
