Financial Times

La justicia en América Latina convierte la ley en un arma

La región necesita urgentemente tribunales que sean independientes de sus amos políticos.

“Para nuestros amigos: justicia y gracia. Para nuestros enemigos: la ley a secas”. Esta concisa descripción de cómo utilizar la justicia como arma para fines políticos se le atribuye a Benito Juárez, el presidente de México en el siglo XIX. Pero, desde México hasta Argentina, todavía describe gran parte de América Latina en la actualidad.

La investigación de corrupción más grande realizada en la región, el escándalo “Lava Jato” que reveló miles de millones de dólares en sobornos pagados por una red de empresas brasileñas, ha sido prácticamente destruida por acusaciones de sesgo político. Los mensajes interceptados entre Sergio Moro, el juez que estaba presidiendo los casos, y un fiscal principal sugirieron una colusión que tenía como objetivo derrocar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No importa que gran parte de la corrupción probada de Lavo Jato involucraba la petrolera estatal Petrobras, entonces presidida por un aliado cercano de Lula, ni que las operaciones ilegales sucedieron mientras él era presidente. Cuando un juez de la Corte Suprema anuló el mes pasado sus propias condenas por corrupción por un tecnicismo, Lula elogió esto como prueba de que toda la investigación fue una caza de brujas. El resultado neto es que toda la investigación de Lava Jato se ha disuelto, para el deleite de la venal clase política dirigente y la desesperación de muchos.


En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha aumentado la presión sobre los jueces. El juez de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, exfiscal general, fue acusado de lavado de dinero y se le congelaron las cuentas bancarias. Una vez que renunció, las cuentas fueron desbloqueadas y no se presentaron cargos.

Luego, cuando otro juez falló en contra de las reformas eléctricas de López Obrador, el Presidente le pidió a la Suprema Corte que lo investigara. Ahora López Obrador planea llevar a cabo un referéndum sobre si los expresidentes pueden ser juzgados por corrupción y “crímenes neoliberales”. Los tribunales obedientes han estado de acuerdo con la idea.

A Argentina le está yendo un poco mejor. El presidente Alberto Fernández planea reformar el Poder Judicial, pero los críticos ven un intento poco velado de obstaculizar 11 investigaciones de corrupción sobre Cristina Fernández de Kirchner, la poderosa vicepresidenta y exlíder del país.

Fernández de Kirchner ha estado encabezando una campaña en contra de lo que ella llama una guerra jurídica, o “lawfare”. Con esto, se refiere a la unión de “medios de comunicación y Poder Judicial para perseguir a los líderes políticos de los gobiernos que estaban en el poder”. Pero su definición es selectiva: los perseguidos incluyen solo a líderes y amigos de izquierda, como el ecuatoriano Rafael Correa, que ahora vive en Bélgica después de ser condenado por corrupción. Cuando se trata de políticos de derecha, como el expresidente de Argentina Mauricio Macri, Fernández de Kirchner y sus aliados de “lawfare” están de acuerdo: deben ser procesados.


Bolivia es quizás el peor ejemplo reciente. Después de que Jeanine Añez se convirtió en presidenta interina en 2019, siguiendo una línea de sucesión establecida constitucionalmente, grupos de derechos humanos la criticaron con razón por perseguir lo que parecían ser procesamientos por motivos políticos de Evo Morales, su predecesor, y de sus asociados.

Pero cuando el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, regresó al poder en octubre pasado después de elecciones libres, esos procesamientos fueron abandonados y la veleta legal comenzó a apuntar en la dirección opuesta. El mes pasado, Añez y otros miembros del gobierno interino fueron encarcelados en espera de juicio por cargos de “sedición y terrorismo”, una medida que despertó la preocupación de la ONU. Bolivia es un “caso claro de un Poder Judicial que carece de independencia fundamental del gobierno; los jueces y fiscales simplemente siguen la política de quien está a cargo”, dice el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Tales hábitos son endémicos en la región. La restauración de la democracia en América Latina en la década de 1980 puede haber devuelto a los militares a los cuarteles. Pero aún no ha proporcionado jueces o fiscales completamente independientes. ¿Lo habría aprobado Juárez, el héroe político de López Obrador?

No, dice el historiador Enrique Krauze. Su famosa frase sobre la aplicación de la justicia fue mal citada. De hecho, Juárez era un firme defensor de los tribunales independientes.