La organización no gubernamental Elementa DDHH interpuso una demanda de amparo contra la Secretaría de Gobernación por la desactualización e inoperancia de la plataforma del Registro de Fosas Clandestinas, que administra la Comisión Nacional de Búsqueda.
El juicio fue radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali.
El escrito fue firmado por Renata Demichelis Ávila, representante legal de la Asociación Civil, y señala como autoridades responsables a la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con residencia en la Ciudad de México y otras dependencias federales, a las que reclama la omisión de emitir los lineamientos técnicos necesarios, y de coordinar, integrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas.
El juzgador fijó un plazo de cinco días hábiles para que la promovente del amparo exponga los hechos o abstenciones que constituyen los actos reclamados, pues hace falta esa información para que se tenga por admitida la demanda.
¿Qué es elementa DDHH y por qué demandó la actualización del Registro de Fosas?
Elementa DDHH es un equipo multidisciplinario y feminista que se encarga de prevenir y observar los fenómenos derivados de la violación de derechos humanos mediante sus sedes en Colombia y México.
La asociación civil brinda asesoría técnica-jurídica y acompañamiento en procesos sociales y políticos, para garantizar los derechos humanos y hay actores que promueven las garantías individuales como una herramienta para el cambio social.
Entre los argumentos expuestos en el juicio de amparo destaca el vacío estadístico en el registro oficial de sitios de inhumación clandestina en México, el cual es suplido por acciones de particulares y organizaciones civiles y colectivas de familias buscadoras.
En 2025 la Comisión Nacional de Búsqueda eliminó de su portal el mapa y registro de fosas clandestinas, que de por sí, ya presentaba un retraso importante puesto los últimos reportes correspondían a agosto de 2023.
Representantes de organismos de búsqueda de personas desaparecidas exigen habilitar el registro único, y piden que sea dinámico y georreferenciado para resolver la crisis forense que vive el país.
Es así que los colectivos piden difundir las labores de búsqueda y localización, además de la identificación oficial de cuerpos y restos humanos encontrados en fosas clandestinas o comunes.
En México se verifican deficiencias forenses, por lo que activistas en materia de derechos humanos acusan un crisis humanitaria, dado el hallazgo de miles de fosas clandestinas en el país, y se trata de un fenómeno vinculado con la delincuencia organizada, al igual que las desapariciones forzadas.
Entre 2006 y 2024 se documentó la localización de al menos 3 mil 298 fosas clandestinas de las que se exhumaron más de 8 mil 31 cuerpos.
Bajo argumento de una falta de acciones institucionales, las familias de personas desaparecidas han asumido la tarea de localizar los sitios de inhumación ilegal. En tanto las organizaciones civiles han creado la Plataforma Ciudadana de Fosas con la evidente intención de subsanar la disparidad de datos oficiales.
Los estados con mayor concentración de fosas coinciden con actos violentos de grupos de la delincuencia organizada en cinco entidades federativas.
Los registros de colectivos de búsqueda de personas enlistan a Guerrero: 415 fosas clandestinas; Veracruz: 397 fosas clandestinas; Sonora: 342 fosas clandestinas; Guanajuato: 275 fosas clandestinas; Jalisco: 245 fosas clandestinas
