La revisión de los procedimientos relacionados con la Terminal Marítima de Almacenamiento de Gas LP que se construye en Tuxpan, Veracruz, muestra que actualmente no existe una suspensión vigente notificada a la empresa que ordene detener las obras del proyecto, pese a los señalamientos difundidos recientemente sobre un presunto desacato judicial.
Gas de Calidad sostuvo que las versiones publicadas no corresponden al estado jurídico actual del proyecto y afirmó que mantiene vigentes las autorizaciones necesarias para el desarrollo de la infraestructura.
La precisión surge luego de que diversas publicaciones señalaran que la empresa continuaba con las obras pese a una supuesta orden de suspensión emitida por autoridades jurisdiccionales. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, no existe una suspensión provisional o definitiva vigente notificada a la empresa que ordene detener la construcción del proyecto. La compañía sostiene que las autorizaciones que amparan el desarrollo de las obras permanecen vigentes y continúan produciendo efectos jurídicos.
Además, también rechazó los señalamientos sobre un presunto desacato y afirmó que ha mantenido el desarrollo del proyecto conforme al marco regulatorio aplicable y con las autorizaciones emitidas por las autoridades competentes.
La revisión de expedientes, autorizaciones y resoluciones vinculadas al proyecto muestra que la Terminal Marítima de Tuxpan cuenta con permisos federales, estatales y municipales en materia ambiental, social, marítima, de seguridad industrial, uso de suelo y construcción, requeridos para el desarrollo de la obra.
Entre las autorizaciones identificadas se encuentran resoluciones emitidas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), permisos para infraestructura marítima, así como autorizaciones estatales y municipales relacionadas con el uso de suelo y la construcción de las instalaciones.
Como parte del proceso regulatorio, el proyecto también fue sometido a una Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad particular, un Estudio de Riesgo Ambiental y una Evaluación de Impacto Social, procedimientos mediante los cuales las autoridades analizaron los posibles efectos ambientales, territoriales y comunitarios asociados a la terminal y establecieron medidas de prevención, mitigación y seguimiento.
Respecto a los cuestionamientos planteados por organizaciones opositoras en torno a posibles afectaciones ambientales y a la realización de una consulta indígena, documentación oficial relacionada con el proyecto refiere que dichos aspectos fueron evaluados durante los procesos de autorización.
En materia social, la Secretaría de Energía analizó la presencia de comunidades indígenas dentro del área de influencia de la terminal y concluyó, mediante resolución formal, que no resultaba procedente una consulta previa, libre e informada para el caso específico, además de emitir recomendaciones para la gestión de los impactos sociales identificados.
La documentación revisada también muestra que diversos recursos e impugnaciones promovidos en torno al proyecto han sido resueltos por las autoridades competentes, sin que exista una resolución firme que ordene detener las obras. Asimismo, fallos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, posteriormente confirmados por Tribunales Colegiados de Circuito, han validado diversas autorizaciones federales relacionadas con la terminal. En algunos de estos procedimientos, las autoridades concluyeron que los promoventes no acreditaron la capacidad legal necesaria para impugnar dichas autorizaciones.
La terminal contempla una capacidad aproximada de almacenamiento de 360 mil barriles de gas LP e incorpora infraestructura especializada para recepción marítima, sistemas de recuperación de vapores, protección contra incendios, monitoreo operativo y seguridad industrial diseñados conforme a la regulación aplicable al sector energético.
Además de incrementar la capacidad logística y de almacenamiento de combustibles en la región del Golfo de México, el proyecto busca fortalecer la infraestructura energética nacional, generar inversión en Veracruz y crear empleos durante las etapas de construcción y operación.
