En el Partido del Trabajo (PT) “no pedimos gubernaturas ni espacios de poder frente al gobierno federal, solo exigimos que, en el caso de Oaxaca, la Fiscalía General de la República (FGR) actúe contra Salomón Jara por ser aliado y beneficiario de ‘El Mencho’ y su Cártel de Jalisco Nueva Generación”, afirmó Benjamín Robles Montoya, integrante de la dirigencia nacional colectiva del PT.
En entrevista con El Financiero, reveló que públicamente y en las mesas políticas con el Ejecutivo federal se ha planteado que “la presidenta Claudia Sheinbaum no debe exponer su gobierno por defender al narcogobernador de Oaxaca, que tanto ha dañado al movimiento de la ‘Cuarta Transformación’”.
“Va contra los principios del movimiento y hay la suficiente información, que es pública, de que, a través de personas, como su hermano Noé Jara, el CJNG le pagó su campaña como candidato y la FGR debe hacer su chamba”.
El también dirigente del PT en Oaxaca –quien participó como representante de su partido en las mesas para la negociación de las reformas electorales de Palacio Nacional– argumentó que “en su momento apoyamos su candidatura, pero por sus vínculos con el crimen y la delincuencia organizada, su nepotismo y corrupción como política pública, pintamos nuestra raya desde hace un buen rato”.
Remarcó que “no puede ser que, a pesar de los innumerables señalamientos de sus vínculos con los criminales, esté amparado y protegido por el poder federal para seguir en el poder y en el abuso del poder”.
Robles Montoya sostuvo que “ahora que capturaron a El Mencho, en el Istmo de Tehuantepec hubo bloqueos, quema de vehículos, y Salomón Jara no fue sino hasta un día después, porque no le daban permisos sus socios que le pagaron su campaña”.
“Ese es el cártel con el que él está vinculado. Y en otras partes de la entidad, él y sus funcionarios tienen esa relación desde antes de su gobierno. Y hago este señalamiento porque le falló al pueblo de Oaxaca”.
Precisó que la FGR debe saber que Noé Jara Cruz, hermano del mandatario, fue secretario de Gobierno y Territorio del ayuntamiento de Oaxaca hasta noviembre pasado, “desde donde se dedicó a visitar municipios con funcionarios e integrantes de otros partidos para comprometer apoyos a cambio de votos durante la reciente jornada de revocación de mandato”.
“Ha sido acusado de desvío de recursos públicos, de corrupción, tráfico de influencias en licitaciones, manejo opaco en fondos para obras, como la Ciudad Administrativa Municipal, que inició con una deuda de 400 millones de pesos y que alcanzará mil 800 millones a pagar en 20 años”, expuso.
