Delincuencia cierra ‘las puertas’ de la Fiscalía de Guerrero: Suspende labores en Tierra Caliente

Chilpancingo Gro.- La Fiscalía General del Estado (FGE) suspendió actividades de todo su personal administrativo que labora en toda la región de la Tierra Caliente de Guerrero “para no exponer su integridad ante la inseguridad que prevalece en esa zona”.

Con esta medida que se dio a conocer a través de un oficio firmado por el vicefiscal de Control, Evaluación y apoyo a la Procuración de Justicia, Ricardo Ferrer Martínez, serán más de 25 oficinas -entre Ministerios Públicos, Atención a víctimas Sexuales y Recuperación de Vehículos, que están ubicadas en los 9 municipios de esa región de Guerrero- que a partir de este lunes ya no abrirán sus puertas a la ciudadanía.

En esta zona se localizan los municipios de Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa, Cutzamala de Pinzón, Tlapehuala, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Zirandaro.

En el documento se indica que por instrucciones de la Maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón, fiscal general del Estado, “se suspenden hasta nuevo aviso todas las actividades administrativas en las oficinas de está dependencia ubicadas en esa jurisdicción de la Tierra Caliente para no exponer al personal ante la situación de inseguridad que prevalece en esa zona de Guerrero”.

Desde el secuestro y posterior liberación de la hoy extitular del Ministerio Público en Coyuca de Catalán, Patricia Jacqueline Salgado, así como por el secuestro y ejecución del Teniente Coronel Víctor Manuel Salas Cuadras, quien se desempeñaba como fiscal regional, los trabajadores de la FGE han recibido diversas amenazas por parte de presuntos integrantes de grupos delictivos que operan en esa zona de Guerrero, según se dio a conocer.

Ante ello, la Fiscalía General del Estado les pidió a sus casi 600 trabajadores administrativos que permanezcan comunicados con su respectivo jefe de área, para que en su momento se les haga saber cuándo se reintegrarán presencialmente a sus labores de oficina.

Aunque en el documento no se hace referencia al personal operativo que suman otros 600 efectivos, extraoficialmente se informó que también ellos limitarán sus actividades, con lo cual prácticamente dejan la vigilancia en unos mil 200 elementos del Ejército y Guardia Nacional que se encuentran destacamentos en diversos puntos de la zona.