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CNDH emite queja contra fiscal de Morelos por investigación del asesinato de Samir Flores

La Fiscalía de Morelos no tuvo como línea de investigación el activismo de Samir Flores, señaló la CNDH.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 103/2022 al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia en agravio del activista social, Samir Flores Soberanes y su familia, quien fue asesinado en el año 2019.

Lo anterior, señala la recomendación, en el marco de su labor como opositor al proyecto de construcción de una termoeléctrica en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); atribuibles a personas servidoras públicas de la Fiscalía Estatal.

En tanto, esta mañana, Carmona Gándara aseguró que van atender la observación de la CNDH y revisarán junto con los Órganos Internos, el actuar de los Agentes del Ministerio Público que han laborado en la carpeta de investigación del homicidio del activista y no descartó la posibilidad de que realice cambios en el personal que indaga el caso.

“Vamos a revisar, donde se tenga la razón jurídica vamos a responder los Derechos Humanos es un compromiso que el Ministerio Pública de Morelos debe de cumplir, cuando se tiene la razón, nosotros somos dóciles a las observaciones de estas instituciones, si de la revisión surge que tenemos que hacer cambios y cumplirla, lo vamos hacer en todos los casos”, expresó.

Y es que con base en la recomendación de la CNDH, se observa que la dependencia inició la investigación del homicidio de Samir Flores, con base en una nota periodística del 20 de febrero de 2019 y las posteriores declaraciones de un testigo y las víctimas directas y no a los señalados.

Es decir, organizaciones civiles informaron, posterior al homicidio, que Samir Flores había cuestionado fuertemente al entonces delegado de Bienestar Social, Hugo Eric Flores Cervantes, en el marco de una asamblea informativa sobre la consulta para la Termoeléctrica y el gasoducto, el cual atravesaría por la comunidad de Amilcingo, de donde Samir era originario.

“Sin embargo y pese a su activismo, las autoridades ministeriales (de la FGE) no citaron a declarar a los involucrados ni tuvieron como línea de investigación el activismo de la víctima”, refiere el comunicado de la CNDH.

Carmona Gándara reiteró que van a revisar si los agentes del Ministerio Público actuaron de buena o mala fe, no obstante dijo que hay procesos que seguir y plazos que cumplir, sobre todo cuando se trata de la protección de los Derechos Humanos, pero advirtió que todo el personal de la Fiscalía estatal está calificado y cumplen con una serie de requisitos legales y administrativos para desempeñar el cargo.

“Si las fallas se dan ya en la actuación es lo que nosotros vamos a investigar (…) pero la política de la Fiscalía es escuchar, respetar y cumplir cuando se tiene que hacer”, agregó.

Y es que la CNDH estableció en su queja, que entre otras de las irregularidades en las que incurrió la Fiscalía estatal, están las omisiones que han impedido el esclarecimiento del caso, a tres años de ocurrido, la utilización superficial de las declaraciones de testigos, para atribuir a una persona el homicidio.

Es decir, se trata de una persona privada de la libertad desde el pasado 24 de julio de 2020, por diversos delitos, además de agregar de manera extemporánea; el testimonio de un policía local que  dice haber reconocido el automóvil del presunto responsable, oír detonaciones cerca del domicilio de la víctima y ver y huir al ahora recluido, junto con otras personas, mismo testimonio que fue incluido meses después del crimen.

La CNDH también hace mención a la negativa por parte de la Fiscalía estatal para que la comisión pudiera tener acceso a los testimonios, al justificar que es por la secrecía del caso o bien que la CNDH no era parte parte interesada.

Por tanto, señaló que con eso análisis de este caso, se acreditaron varias violaciones a los derechos humanos de parte de la fiscalía estatal.

Por tanto se le recomendó al fiscal que con acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno del Estado, que encabeza Penélope Picasso, para que se brinde la reparación integral de los daños a las víctimas indirectas de este caso; que incluya la compensación justa y suficiente y les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas.

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