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Los trabajadores de Mexicana de Aviación esperaron casi 13 años para recibir solo un poco de lo que, por ley, les correspondía tras la quiebra de la aerolínea.
En los primeros años de la presidencia de AMLO, la promesa de que el conflicto se resolvería parecía diluirse, sin embargo la conformación de una línea aérea militar y 816 millones de pesos, dieron esperanza.
Los recursos ya han comenzado a dispersarse entre los afectados de la empresa quebrada por Gastón Azcárraga.
La espera fue prolongada para los trabajadores. Para algunos, la justicia a cuentagotas ha sido la tónica desde hace 13 años, para otros, la muerte antecedió a la justicia, como para Jorge Arturo Calderón Gil, quien no pudo cobrar su billete de cambio, a pesar de estar formado para recibir el cheque de la primer dispersión de recursos por 407 millones de pesos.
Calderón Gil, que ingresó a Mexicana en 1976, era uno de los sobrecargos de la aerolínea. Después de 28 años como tripulante, se jubiló en 2004, pero dejó de recibir su pensión cuando la aerolínea suspendió sus operaciones en agosto del 2010.
El 15 de agosto, el día en que inició la dispersión de recursos por la compra-venta de las marcas, Calderón acudió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA); mientras esperaba en la fila para obtener su cheque, comenzó a sentirse mal. Abandonó el recinto para acudir al hospital, en donde horas más tarde murió sin poder obtener su billete de cambio.
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“La muerte lo alcanzó y lo imposibilitó para cobrar el producto de la venta de los bienes de la empresa”, refirió Fausto Guerrero, representante de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de Mexicana de Aviación.
Como Calderón, han muerto varias centenas de trabajadores de la aerolínea, mientras que, otros empleados entrevistados por El Financiero tienen opiniones divididas sobre la compra-venta de la marca y de los bienes, al igual que albergan dudas respecto a la nueva Mexicana.
Entre los trabajadores consultados hay una coincidencia que resalta: aun cuando estuvieron de acuerdo con la venta, el pago les parece insuficiente. Argumentan, la adquisición no debe eliminar las acciones judiciales en contra de Gastón Azcárraga, el último director de la aerolínea que ha sido acusado de malos manejos y que, pese a ello, sigue refugiado en Estados Unidos.
“Siguen las denuncias, esto (la venta) no elimina el daño causado a los trabajadores y tenemos fe de que algún día se haga justicia”, indica José Alonso, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).
Para Francisco Tenorio, sobrecargo por 28 años de Mexicana y jubilado desde mayo del 2009, la compra-venta lo dejó satisfecho, aunque fue una “mínima” parte de lo que, por ley, les correspondía a los empleados. Con la dispersión de recursos, alrededor del 8 por ciento del laudo en favor de los trabajadores sería cubierto.
“Lo siguiente es continuar la batalla legal para definir el destino del MRO (el centro de mantenimiento de aeronaves mexicanos) y algunos otros activos, pero, sobre todo, luchar legalmente para que se castigue con todo el peso de las leyes al generador de esta desgracia laboral: me refiero a Gastón Azcárraga, él debe pagar”, agrega Tenorio.
Para una sobrecargo supervisora por 23 años y jubilada, que pidió omitir su nombre, la justicia no ocurrió con la compra de Mexicana; para ella, no solo el proceso de cobro fue rebasado por la cantidad de trabajadores, sino que recibió 30 por ciento menos de lo que le correspondía porque, durante el proceso de quiebra, protestó.
“De ninguna manera significó un poco de justicia. Sobre la nueva Mexicana, no creo que funcione bien, es una competencia muy desleal para las otras aerolíneas que pagan impuestos, salarios, combustible, plataformas, entre otros servicios”, agrega la trabajadora de Mexicana que tenía seis años de jubilada cuando la aerolínea suspendió operaciones.
Guilebaldo Alpide, que tenía 25 años en su puesto cuando Mexicana dejó de volar, no ha podido cambiar su billete debido a la distancia entre la sede de cobro y la de entrega de los cheques, un proceso objetado por la mayoría de los colaboradores entrevistados por este diario.
Indicó que no está satisfecho con lo entregado por el gobierno, aunque era la única opción que tenían.
“Fueron muchos años de compromiso realizando mi trabajo y cumpliendo con las expectativas que se requerían. Fue difícil conseguir empleo después de la suspensión. Tener más de 40 años hizo muy complicado obtener trabajo”, refiere Alpide.