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‘Blindaje improvisado’ de obras de la 4T será costosa y poco transparente, advierte CMIC

Esto podría resultar en un sobrecosto y falta de transparencia para su ejecución por el poco tiempo que se tiene para presentar la documentación y permisos, señaló el organismo.

El decreto mediante el cual se busca “agilizar los trámites” al declarar megaproyectos y obras de la actual administración como ‘asunto de seguridad nacional’, podría resultar en un sobrecosto y falta de transparencia para su ejecución por el poco tiempo que se tiene para presentar la documentación y permisos necesarios, dijo la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

No compartimos la medida para poder agilizar las obras sea emitiendo permisos provisionales en fast-track para poder de alguna manera agilizar el inicio de las obras, omitiendo principalmente leyes o posponiéndolas, creando un ambiente en el cual estamos vulnerando el orden institucional que tanto esfuerzo nos ha costado construir”, dijo Francisco Solares Alemán, presidente nacional de la CMIC.

El representante de más de 9 mil pequeñas y medianas constructoras del país agregó que el decreto no es claro en el tipo de obras que podrían ser blindadas por el gobierno, más allá de los proyectos insignia como el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía.


“Los constructores afiliados a la CMIC expresamos nuestra preocupación de que este decreto derive en mayor improvisación, esto traerá como consecuencia mayores costos, menor transparencia y seguramente deterioro en la calidad de las obras, estamos en contra de que esto suceda”, insistió.

El gobierno federal declaró como interés público y de seguridad nacional obras a cargo del gobierno asociados a infraestructura de sectores comunicaciones, aduanero, fronterizo, ferroviario, hidráulico, turismo, salud, medio ambiente, puertos y energía.

Agregó que un plazo de cinco días para revisar una solicitud de construcción como se propone en el decreto es insuficiente ya que muchas obras como en la Ciudad de México los permisos y licencias pueden tardar entre seis meses y 1 año en otorgarse.

“Si tuviéramos planeación no tendríamos que hacer las cosas de manera improvisada, y a veces por ocurrencia, deberíamos de estar haciendo los trámites de las obras que se van a hacer dentro a dos, tres o cincos. Vemos con mucho riesgo de que se pueda caer en equivocaciones o en errores que después será más costoso corregir”, dijo.

La CMIC analiza aún las acciones que llevarán a cabo mientras buscan diálogo con gobierno para mejorar el proceso aceleración de obras, sin embargo señaló el tema de los amparos “no es una puerta que se deba cerrar”.