La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México enfrenta cuestionamientos por presuntas trabas administrativas, retrasos y requerimientos que estarían afectando la ejecución de diversos proyectos.
Las inconformidades se concentran en la gestión de su titular, la Maestra Irma Lara López, por decisiones que son señaladas como discrecionales y por la presunta imposición de requisitos cuya justificación técnica o administrativa debería ser revisada.
Particular atención merecen los señalamientos sobre posibles intereses particulares o un eventual trato preferencial hacia determinadas empresas. Por su gravedad, estas versiones deben ser investigadas y contrastadas con expedientes, procedimientos y decisiones documentadas, a fin de determinar si la actuación de la dependencia se ha mantenido dentro de la legalidad y el interés público.
La situación adquiere mayor relevancia porque Patrimonio Inmobiliario es un área estratégica. La paralización o demora injustificada de proyectos no sólo afecta a quienes realizan gestiones ante la dependencia, sino que puede obstaculizar los objetivos y resultados de la administración encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Por ello, resulta necesario revisar los proyectos detenidos, los tiempos de respuesta, los requerimientos formulados y cualquier posible conflicto de interés. Si las actuaciones están justificadas, la documentación deberá acreditarlo; si existen irregularidades, corresponderá determinar las responsabilidades conforme a derecho.
La Ciudad de México necesita instituciones que resuelvan, no oficinas que paralicen proyectos. Estos señalamientos ameritan una revisión seria, independiente y documentada
