“Pónganse 24 horas en mi cuerpo para que me entiendan”. Este es un llamado a la empatía de personas que viven con enfermedades graves e incurables que consideran que el sufrimiento físico y emocional que enfrentan ha rebasado el límite de lo que para ellas significa una vida digna.
A partir de estas experiencias surgió la iniciativa ciudadana ‘Ley de Asistencia Médica para Morir de la Ciudad de México’, una propuesta que busca llevar al Congreso de la Ciudad de México la discusión sobre la legalización de la eutanasia y la asistencia médica para morir dignamente.
La propuesta plantea una de las preguntas más complejas en torno a la salud, la autonomía y los derechos humanos: ¿debe una persona con una enfermedad terminal, o con un padecimiento crónico-degenerativo, acompañado de un dolor insoportable, tener la posibilidad de decidir cuándo y cómo poner fin a su vida?
Para Asunción Álvarez del Río, doctora en Ciencias en el campo de la Bioética por la UNAM e integrante del Comité Promotor de la asociación civil Libertad para Morir, la discusión no radica en promover la muerte, como algunos aseguran, sino en reconocer que existen circunstancias en las que prolongar la vida deja de significar bienestar para quien atraviesa una enfermedad.
“Lo que estamos haciendo es añadir una opción más al final de la vida para que las personas puedan decidir cómo quieren enfrentar sus últimos días”, explica en entrevista con El Financiero.
La también maestra en Psicología aclara que este proyecto no debe confundirse con la llamada Ley Trasciende, impulsada por la activista Samara Martínez que, si bien comparte el objetivo de ampliar los derechos al final de la vida, esta última plantea legislar la eutanasia a nivel federal.
¿Qué es la ‘Ley de Asistencia Médica para Morir’ y qué quiere cambiar en CDMX?
Impulsada desde la organización Libertad para Morir AC, la iniciativa busca que las personas con enfermedades avanzadas e incurables puedan acceder a dos alternativas que actualmente están prohibidas en el Código Penal Federal y la Ley General de Salud:
- La primera es la eutanasia, procedimiento mediante el cual el profesional de la salud administra directamente el medicamento que provoca la muerte del paciente.
- La segunda es la muerte autoadministrada, término que la organización prefiere utilizar en lugar de “suicidio médicamente asistido”. En este caso, el médico prescribe y entrega el medicamento, pero es el paciente quien realiza la acción final.
Integrada por especialistas en bioética, médicos, abogados y activistas, Libertad para Morir AC sostiene que la muerte digna no debe limitarse únicamente al acceso a cuidados paliativos o al derecho a rechazar tratamientos médicos, sino que también debe contemplar la posibilidad de recibir asistencia médica para morir cuando una persona no quiere prolongar innecesariamente su vida y sufrimiento.
“Esas personas hoy no cuentan con un respaldo a su última libertad, lo que les queda elegir es ya no quiero vivir más. Esto es lo que buscamos con la legalización de la asistencia médica para morir: ayudar a morir a alguien que lo pida“, señala Álvarez del Río.
Añade que la propuesta no pretende sustituir las herramientas que actualmente existen para garantizar una muerte digna, sino ampliar las alternativas disponibles en la CDMX. Hoy, recuerda, una persona puede rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente su vida mediante el consentimiento informado o a través de la Ley de Voluntad Anticipada.
¿Quiénes podrían solicitar la asistencia médica para morir?
El proyecto de Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México establece una serie de criterios médicos y legales para que una persona pudiera solicitar su aplicación. Estos son algunos de los principales:
- Ser mayor de edad.
- Tener capacidad mental y estar consciente al momento de realizar la solicitud.
- Haber recibido información suficiente sobre su diagnóstico, pronóstico, tratamientos disponibles y la posibilidad de acceder a cuidados paliativos.
- Padecer una enfermedad o condición de salud grave e incurable.
- Presentar un mal pronóstico funcional y de vida a corto plazo.
- Experimentar un sufrimiento físico considerado insoportable y sin perspectivas razonables de mejoría.
Otro aspecto relevante es que la propuesta no exige que el paciente se encuentre en fase terminal, una diferencia respecto de algunas legislaciones internacionales.
Álvarez del Río sostiene que la experiencia de países como Canadá y Colombia demuestra que condicionar este derecho únicamente a quienes tienen una expectativa de vida muy corta deja sin opciones a quienes enfrentan dolores intratables, aunque no se encuentren en una fase terminal.
“Resulta muy cruel decirle a una persona que tiene una enfermedad no terminal, que tiene un sufrimiento intolerable, decirle ‘sí te entendemos, pero necesitas sufrir como un año y medio más para que entonces ya seas terminal’“, señala.
¿Cómo funcionaría el procedimiento para solicitar la muerte asistida?
La iniciativa plantea que el proceso solo puede comenzar por decisión del propio paciente. La solicitud debe ser voluntaria y nunca puede ser sugerida por el personal médico. “El pedido siempre surge del paciente, de la persona enferma. Nunca se puede sugerir“, subraya la bioeticista.
Esto significa que ningún médico podría recomendar la asistencia médica para morir como alternativa, aunque sí estaría obligado a brindar información sobre ella si el paciente la solicita.
Una vez presentada la petición, el médico tratante realizaría una primera evaluación para comprobar que la persona cumple con los requisitos previstos en la ley y que recibió información suficiente sobre su diagnóstico, pronóstico, las opciones terapéuticas disponibles y los cuidados paliativos, sin que esté obligada a aceptar estos últimos.
La propuesta contempla posteriormente un periodo de reflexión cercano a los 15 días —salvo que el estado de salud haga imposible esperar ese tiempo— para que el paciente ratifique su decisión.
Después interviene un segundo médico independiente, quien debe realizar una valoración completamente autónoma para confirmar que también considera cumplidos todos los requisitos legales.
Solo entonces el expediente pasaría a un comité encargado de revisar el caso y autorizar, en su caso, la asistencia médica para morir.
Asimismo, se plantea que el procedimiento pueda realizarse tanto en instituciones públicas como privadas, e incluso en el domicilio del paciente cuando las condiciones lo permitan. También reconoce la objeción de conciencia del personal médico, pero únicamente a título individual, de manera que las instituciones de salud tendrían la obligación de garantizar que siempre exista un profesional dispuesto a prestar el servicio.
“Se reconoce la objeción de conciencia, pero solo a nivel individual, no a nivel institucional. Las instituciones tienen que garantizar que haya médicos no objetores“.
El primer paso hacia una muerte digna debe darse en la CDMX
Para Álvarez del Río, la capital ha sido históricamente pionera en el reconocimiento de libertades individuales como ocurrió con la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario o la propia Ley de Voluntad Anticipada.
Explica que la propuesta se presenta a nivel local porque, desde la perspectiva de los abogados que los acompañan, se trata de una materia que corresponde a las entidades federativas y no al ámbito federal. Además, recuerda que la Constitución de la Ciudad de México ya incorpora expresamente el derecho a una muerte digna, aunque considera que ese reconocimiento aún no está plenamente garantizado.
“La Ciudad de México es el mejor lugar por donde empezar, porque ya tiene una tradición de respetar libertades muy personales, derechos humanos, e incluso en su Constitución establece que la vida digna debe dar lugar a una muerte digna. Nosotros lo que queremos es tener todos los medios, porque ahorita nos falta este, para garantizar la muerte digna. Si no, ese derecho no queda bien respaldado“, comenta.
Eutanasia y cuidados paliativos no son opciones enfrentadas
Uno de los principales argumentos de quienes se oponen a la legalización de la eutanasia es que el Estado debería fortalecer primero los cuidados paliativos. En este sentido, Álvarez del Río considera que ese planteamiento parte de un falso dilema, pues sostiene que ambas alternativas son complementarias y buscan un mismo objetivo: garantizar una atención digna y aliviar el sufrimiento al final de la vida.
Aunque asegura que México ha avanzado en el reconocimiento de este derecho, advierte que la realidad aún está lejos de lo que establece la ley. “Los cuidados paliativos son obligatorios, pero que por ley estén establecidos como obligatorios no ha ido de la mano de garantizarlos. Falta mucho más desarrollo”, afirma.
Las deficiencias, explica, comienzan con la falta de personal especializado y continúan con la escasa capacitación de médicos para identificar el momento oportuno en que un paciente debe ser canalizado a este tipo de atención.
“Falta formación para darlos y falta formación para que los médicos reconozcan y refieran oportunamente a sus pacientes. A veces se refiere a cuidados paliativos dos días antes de que se muera el paciente, cuando ya hay muy poquito que hacer“, señala.
A ello se suma que “tenemos algunas instituciones que tienen muy buenos equipos de cuidados paliativos y otras que no tienen nada. El acceso es un gran problema”, asegura.
La desinformación también representa un obstáculo. Muchas familias asocian los cuidados paliativos exclusivamente con la proximidad de la muerte, cuando en realidad buscan aliviar el sufrimiento físico, emocional, social y espiritual de la persona.
Sin embargo, incluso con cuidados paliativos adecuados, hay personas que consideran que su sufrimiento sigue siendo incompatible con la vida que desean continuar.
“Hay personas que han perdido muchas capacidades... y además se han añadido padecimientos y síntomas. Entonces dicen: ‘Pónganse 24 horas en mi cuerpo para que me entiendan’“, relata.
Para la especialista, es precisamente en estos casos donde la asistencia médica para morir puede convertirse en una opción adicional para quienes así lo decidan: “si con los cuidados paliativos está bien el paciente, qué maravilla que pueda vivir así; si no, qué bueno que pueda optar por la salida que quiere”.
¿En qué etapa está la iniciativa y cómo puede apoyarla la ciudadanía?
Al tratarse de una iniciativa ciudadana, la propuesta debe reunir primero el respaldo de la población para llegar al Congreso de la Ciudad de México. El Comité Promotor busca recabar el apoyo del 0.25 por ciento del padrón electoral capitalino, equivalente a unas 20 mil firmas.
El tiempo, reconoce Álvarez del Río, es uno de los mayores desafíos. “Nos sentimos muy apretados de tiempo porque las firmas terminan en julio si queremos que el Congreso tenga la obligatoriedad de revisarla en septiembre“.
Quienes deseen respaldar la iniciativa pueden hacerlo a través de la aplicación Apoyo Ciudadano del Instituto Nacional Electoral (INE), que valida la identidad de los participantes mediante su credencial para votar. La guía para completar el proceso está disponible en el sitio web de Libertad para Morir.
Más allá del número de apoyos, la especialista considera que el proceso ha servido para abrir la conversación sobre un tema que muchas veces genera confusión y está rodeado de mitos y desinformación.
“No sabemos cómo nos va a tocar estar al final de la vida. Poder tener esta opción para elegir, para expresar nuestra última libertad, puede significar mucho“, concluye.
