El Departamento de Justicia (DOJ) anunció que la compañía Integrity Asset Management LLC -que administra aproximadamente 55 propiedades de multifamiliares en El Paso, Texas y alrededores- acordó pagar 107 mil dólares para resolver las acusaciones en su contra por violar la Ley de Ayuda Civil a los Militares (SCRA).
De acuerdo con el DOJ, la empresa cobraba tasas ilegales a los militares que terminaron sus contratos de alquiler antes de tiempo y al denegar las solicitudes de otros soldados para terminar sus contratos.
“La SCRA exige que los propietarios permitan a los miembros del servicio rescindir sus contratos de arrendamiento sin penalización alguna si reciben órdenes militares que reúnan los requisitos necesarios”, declaró la fiscal general adjunta Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
La fiscal indicó que los derechos de rescisión anticipada del contrato de arrendamiento son de vital importancia para los miembros de las fuerzas armadas, ya que limitan los costos y los gastos asociados a los traslados y despliegues militares.
“Nuestra oficina está comprometida a garantizar que los propietarios y los administradores de propiedades respeten los derechos de los miembros del servicio y sus familias que se sacrifican voluntariamente por todos nosotros”, dijo la fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, Ashley Hoff.
El DOJ informó que la SCRA permite a los miembros del servicio terminar un contrato de arrendamiento antes de tiempo después de entrar en el servicio militar o recibir órdenes militares que califican, tales como cambio permanente de estación, de despliegue de al menos 90 días, detención de movimiento, y peticiones de separación o jubilación.
Si un miembro del servicio rescinde un contrato de arrendamiento debido a un despliegue o a otras órdenes militares que reúnan los requisitos, la SCRA prohíbe al arrendador imponer cualquier cargo por rescisión anticipada.
El DOJ presentó una denuncia ante un tribunal federal en la que se alega que Integrity cobró tasas ilegales por rescisión anticipada a al menos 17 miembros del servicio. Algunos de estos cargos adoptaron la forma de “devoluciones de concesiones”, que obligaban a los miembros del servicio a devolver las concesiones o descuentos de alquiler que habían recibido durante sus arrendamientos.
Los cargos oscilaban entre 132 y 2 mil 32 dólares por militar. La demanda también alega que Integrity denegó indebidamente las solicitudes de rescisión de contrato de otros dos militares.
En virtud de la orden de consentimiento propuesta que se presentó junto con la demanda, y que aún debe ser aprobada por el tribunal, Integrity ha acordado pagar 45 mil 325 dólares a los miembros del servicio afectados y una multa civil de 62 mil 029 dólares a los Estados Unidos.
La orden también requiere que Integrity repare el crédito de los miembros del servicio, proporcione formación sobre la SCRA a sus empleados y desarrolle nuevas políticas y procedimientos que cumplan con las disposiciones.
Desde 2011, el DOJ ha obtenido más de 476 millones de dólares en compensación monetaria para más de 121 mil miembros del servicio a través de su aplicación de la SCRA.
