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El lado oscuro de las microfinancieras: Deudas, desesperación y hasta suicidio

Cristina Pina terminó pidiendo prestado a otros prestamistas pagar a Compartamos y ahora está haciendo malabares con seis préstamos.

Suicidios, deudores encarcelados, morosos obligados a vender sus tierras, esos eran los terribles costos sociales vinculados a las microfinancieras hace una década que ya debían ser cosa del pasado. Pero hoy miles de millones de dólares inundan un sistema que promete a los pobres del mundo una vida mejor, aunque a menudo agrava su miseria.

Las agencias gubernamentales de cooperación para el desarrollo, la banca comercial, organizaciones sin fines de lucro y empresas de inversión con conciencia social están invirtiendo montos récord en una diversidad de prestamistas. La inyección de capital ha continuado a pesar de tasas de interés anualizadas que pueden superar el 100 por ciento y las tácticas agresivas de cobro que han dejado a algunos deudores sin hogar.

A medida que los financieros han reemplazado a los filántropos en la industria del microfinanciamiento, la protección del consumidor se ha debilitado. Los bancos de desarrollo financiados por contribuyentes, que podrían solucionar el problema, canalizan en cambio cientos de millones de dólares destinados a mitigar la pobreza hacia microfinancieras abusivas.

Entrevistas con docenas de prestatarios en Camboya, Jordania, Sri Lanka y México, así como con abogados, académicos y grupos de derechos humanos, pintan la imagen de una industria cambiante, que ofrece nuevos tipos de préstamos, incluido el financiamiento al consumo, privilegiando la rentabilidad antes que la ayuda a los pobres.

En Camboya, el préstamo promedio otorgado por las microfinancieras se ha septuplicado en la última década hasta 4 mil 200 dólares, casi tres veces el ingreso familiar promedio del país. Las mujeres allí son presionadas a vender sus casas para pagar los préstamos, según grupos de derechos humanos y académicos. En Jordania, más de 23 mil mujeres eran buscadas por la policía en 2019 por deber menos de mil 400 dólares cada una, según funcionarios del Ministerio de Justicia. En Sri Lanka, grupos de defensa del consumidor estiman que 200 mujeres que debían dinero a microfinancieras se suicidaron en los últimos tres años.

Sin embargo, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) y otros bancos de desarrollo continúan invirtiendo en esa industria miles de millones de dólares de dinero público. También han invertido los bancos comerciales e inversores de impacto. A enero de 2020, Citigroup Inc. había prestado cerca de mil millones de dólares a 89 microfinancieras. Sumitomo Mitsui Financial Group ha invertido miles de millones de dólares en empresas asiáticas, incluso en Camboya. JPMorgan Chase & Co. vendió una obligación de préstamo garantizado de 175 millones de dólares (mdd) en 2019 respaldada por pagos a microfinancieras; entre los 26 prestamistas que financia hay tres acusados de presionar a deudores para que vendan sus tierras en Camboya.

Hace una década, una ola de suicidios en la India desafió la idea de que los microcréditos podían erradicar la pobreza, pero eso no significa que el actual objetivo más modesto de inclusión financiera se cumpla. La expansión de esta industria poco regulada ha resultado en millones de nuevos deudores para quienes el sueño de la inclusión es una pesadilla.

Los bancos de desarrollo dicen que los microcréditos siguen siendo la forma más eficaz de llegar a los pobres, que de otro modo caerían en las manos de usureros, y que la gran mayoría de los más de cinco mil microprestamistas se conducen de manera responsable. Pero incluso los prestamistas más conscientes no han podido lograr una mejora duradera en la vida de los pobres, según estudios. Esa fue también la conclusión de un informe de 2021 de la Contraloría General del Gobierno de EU que afirmaba que los mil 100 millones de dólares presupuestados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para programas de microcréditos de 2015 a 2018 habían producido “poca evidencia de efectos sostenidos”. Mientras tanto, los inversionistas han sido generosamente recompensados. Las ofertas públicas iniciales de organizaciones que alguna vez fueron benéficas han enriquecido a sus financiadores. Algunos microprestamistas en Camboya, Filipinas y partes de África y América Latina han reportado rendimientos anuales sobre el capital (ROE) superiores al 25 por ciento.

Conforme el mercado ha evolucionado, muchas empresas de microcréditos se han desviado de su misión original de otorgar préstamos para actividades generadoras de ingresos, y ahora se dedican a ofrecer crédito para gastos cotidianos, bienes de consumo, mejoras a la vivienda y préstamos para pagar otros préstamos. Algunas han comenzado a prestar a pequeñas y medianas empresas. Están muy lejos de la visión de Muhammad Yunus, el economista ganador del Nobel de la Paz que fundó Grameen Bank de Bangladesh en la década de 1980 para prestar pequeñas sumas a personas demasiado pobres para calificar para préstamos bancarios. Yunus, quien creía que los microcréditos podían erradicar la pobreza, está mortificado por el rumbo que tomó la idea.

La señal

Las raíces de la actual industria de las microfinancieras se remontan a un préstamo de 27 dólares. Era 1974 y Yunus estaba buscando formas de ayudar a las personas a encontrar un camino para salir de la pobreza. En Jobra conoció a agricultores y artesanos que financiaban sus negocios con pequeños préstamos a tasas de usura. Yunus los ayudó a refinanciar a una tasa mucho más baja al calcular la deuda total de estas personas y prestar esa cantidad a 42 mujeres que aceptaron actuar como cogarantes. Ese modelo se convirtió en el motor de Grameen y detonó un movimiento mundial.

Esa historia terminó con la primera oferta pública inicial de una microfinanciera en 2007, la mexicana Banco Compartamos. Fundada en 1990 como una organización no lucrativa que seguía las enseñanzas de la Madre Teresa, Compartamos se convirtió en un banco comercial en el año 2000, utilizando luego inversiones del Banco Mundial y de la organización de inclusión financiera Accion International para transformarse en el prototipo de una microfinanciera con fines de lucro. Cuando debutó en bolsa, la empresa tenía una valoración implícita de más de mil 500 millones de dólares, lo que se tradujo en una buena ganancia para los fundadores y los primeros inversores: el Banco Mundial ganó 210 mdd. Esas ganancias se produjeron a expensas de deudores que pagaron tasas de interés más altas que las de otros bancos y cooperativas de crédito mexicanos y, a menudo, se endeudaron más de lo que podían pagar. Accion International no respondió a las solicitudes de comentarios

Para bancos e inversores de impacto, esa OPI de Compartamos fue la señal, el aviso de que el sector era económicamente promisorio. Cuando la microfinanciera india SKS Microfinance hizo su debut bursátil en 2010, las divisiones de gestión de fondos de Morgan Stanley y JPMorgan, así como Quantum Fund de George Soros, estaban entre los inversionistas.

SKS era la mayor microfinanciera del estado de Andhra Pradesh y fue criticada por grupos de derechos humanos y legisladores en 2010 luego que los medios locales informaran sobre más de 200 suicidios relacionados con el sobreendeudamiento. The Associated Press informó en 2012 que los gerentes de SKS sabían que los cobradores de deudas obligaban a los prestatarios a empeñar posesiones y los acosaban. SKS negó haber actuado mal.

Citigroup, un patrocinador de Accion International, ha ayudado a canalizar cientos de millones de dólares a microfinancieras, incluidas la mexicana Compartamos y la jordana Tamweelcom, misma que ha denunciado a decenas de deudores morosos, colocándolos en listas de personas buscadas por la policía, según documentos judiciales revisados por Bloomberg News. Un portavoz de Citigroup dijo que el banco solo trabaja “con instituciones de microfinanzas cuyas prácticas de préstamo y cobranza son las mejores en su clase y que tratan a todos los prestatarios con respeto”. Tamweelcom no respondió a las solicitudes de comentarios.

Si bien Citigroup ha estado cerrando algunas operaciones de consumo en el mundo en desarrollo, el banco sigue comprometido con las microfinancieras. El año pasado vendió un bono de financiamiento social de mil mdd como parte de un compromiso más amplio de invertir para 2030 un billón de dólares en las denominadas finanzas sostenibles. También concertó 70 mdd en préstamos para Compartamos a través de DFC y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. La misión de Citigroup, dice el portavoz, es “empoderar a los microempresarios de todo el mundo”.

Sin embargo, para Cristina Pina, cliente de Compartamos, la historia no ha sido de empoderamiento. Esta panadera 58 años de Villa de Zaachila, Oaxaca, cayó en un torbellino de deudas hace dos años. Tras ahorrar para dar un enganche de 2 mil 500 dólares por un terreno, perdió su trabajo durante la pandemia. Sacó en Compartamos un préstamo 500 dólares a una tasa anualizada del 100 por ciento para ayudarse a terminar de pagar el terreno y evitar perder su patrimonio. Terminó pidiendo prestado a otros prestamistas, algunos a tasas aún más altas, para pagar a Compartamos y ahora está haciendo malabares con seis préstamos.

“Antes de darte cuenta pides prestado para pagar, pagar, pagar”, dice Pina en una cafetería cerca de la plaza de Zaachila un día de septiembre, abriendo un cuaderno donde lleva un registro de los pagos pasados y futuros. “Pides prestado, pagas. Pides prestado, pagas. Pides prestado, pagas. Estás atrapada y no hay salida”.

Un portavoz de Compartamos, que ahora se llama Gentera SAB de CV, dijo en un correo electrónico que Pina ha sido “una cliente valiosa y responsable” por muchos años y que el banco le permitió a ella y a otros diferir los pagos durante tres meses en la pandemia. El presidente ejecutivo, Patricio Diez de Bonilla, señala que no siempre es fácil saber si los clientes tienen otros préstamos.

“Antes de Compartamos no tenían acceso al crédito, entonces es mejor que no tener crédito o ir con usureros”.

Compartamos es ahora el microprestamista más grande de América Latina, con más de dos y medio millones de clientes. Tiene el 40 por ciento del mercado de microfinancieras de México y es una de las instituciones financieras más rentables del país, registrando una rentabilidad sobre el capital en 2019 y 2021 que superó el 20 por ciento, según documentos de la empresa, casi el doble de lo que ganan los bancos mexicanos en promedio.

A pesar de esas ganancias y las comisiones por microcréditos que colocan sus tasas de interés anuales muy por encima del 80 por ciento, Compartamos continúa recibiendo dinero de los contribuyentes de EU vía el banco de desarrollo DFC. Pooja Jhunjhunwala, una vocera de DFC, se negó a comentar sobre Compartamos, pero indicó que la agencia tiene un sólido proceso de investigación y está comprometida a financiar solo a los prestamistas que son socialmente responsables. Pero esas revisiones de debida diligencia no dan mucho peso a la protección del consumidor, según media docena de ejecutivos actuales y antiguos de DFC que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar sobre el programa.

Las microfinancieras deben abrir sus libros para mostrar su viabilidad a largo plazo, dicen los ejecutivos, y se les hacen preguntas para asegurar que no estén involucradas en el trabajo infantil, la trata de personas o negocios que dañan el medio ambiente. También se supone que deben seguir los estándares de protección al cliente desarrollados por Smart Campaign, que incluyen transparencia y precios responsables, según Jhunjhunwala. Sin embargo, las revisiones contienen pocas pautas específicas sobre qué cargas de deuda, tasas de interés, niveles de ganancias o tácticas de cobro deben considerarse inaceptables, dicen los exejecutivos. Smart Campaign dijo en 2020 que suspendería sus operaciones, finalizaría su programa de certificación y entregaría su catálogo de recursos a otros dos grupos financiados por la industria.

Sophie Sirtaine, directora ejecutiva de Consultative Group to Assist the Poor, dijo en un correo electrónico que aunque los micropréstamos han ayudado a millones de personas de bajos ingresos en el mundo, los formuladores de políticas, inversores y prestamistas pueden hacer más para proteger a los prestatarios. “Primero, es como una droga”, dijo la zapatera Eva, que vive en Ecatepec. “Ves el dinero frente a ti. No sabes cómo vas a hacer los pagos, pero dices ‘sí’ en el momento. Y luego viene el sufrimiento. Cuando miras las tarifas, piensas, esto no es una ayuda, es un robo”. Casi dos tercios de los mexicanos como Eva no tienen una cuenta bancaria. En los últimos veinte años ha habido una explosión de microprestamistas al servicio de este segmento.

Después de la OPI de Compartamos, los donantes presionaron a los microprestamistas para que divulgaran los balances y las condiciones de los préstamos. MFTransparency, un grupo de defensa del consumidor, presionó por precios responsables y la divulgación detallada de costos y márgenes de beneficio. Pero a medida que la industria se volvió más comercial, la transparencia de los prestamistas se desvaneció, explica Chuck Waterfield, quien fundó MFTransparency en 2010. Luego de que se publicó un informe que mostraba que algunos microprestamistas obtenían ganancias de más del 25 por ciento, el hermetismo se intensificó, apunta Waterfield. Para 2015, los prestamistas se habían vuelto tan reacios a divulgar información sobre el costo de los préstamos que él disolvió la organización.

El sobrendeudamiento en Camboya

Camboya es un ejemplo de lo que puede salir mal. Allí, la cartera de préstamos de las microfinancieras creció trece veces entre 2011 y 2021 para ascender a 8 mil 700 mdd, según la Asociación de microfinancieras de Camboya, la razón es que los prestamistas se expandieron para ofrecer nuevos productos. En 2009, LOLC Cambodia, una de las microfinancieras más grandes, dijo que los microcréditos representaban el 99 por ciento de su cartera bruta de préstamos y el financiamiento familiar el restante uno por ciento. Para 2018, los microcréditos constituían el 65 por ciento y la financiación de los hogares el 22 por ciento, según un análisis de Bloomberg a con datos de Microfinance Information Exchange (MIX). Para 2020, uno de cada cinco adultos tenía un micropréstamo, según Microfinance Index of Market Outreach and Saturation, también conocido como Mimosa. Cuando el Banco Nacional de Camboya impuso un techo a la tasa de interés de 18 por ciento en 2017, los prestamistas aumentaron el tamaño de los préstamos y triplicaron las comisiones.

Camboya también es uno de los pocos países que exige que los solicitantes de microcréditos presenten garantías, como títulos de propiedad. Nan es una viuda de 47 años que obtuvo un préstamo de 4 mil 500 dólares de LOLC Cambodia hace tres años para reparar su casa de una habitación. Dejó de hacer sus pagos mensuales de 129 dólares luego de que su hija perdiera, en la pandemia, su trabajo como costurera. Fue entonces cuando los cobradores comenzaron a aparecer por la noche en su pueblo en el centro de Camboya, exigiéndole que saliera a buscar dinero para pagarles. Cuando ya no pudo conseguir más, la presionaron para que vendiera su propiedad para pagar la deuda. La vendió hace dos años y se mudó con su hija. “Me obligaban a salir a buscar dinero por la noche” y no se iban hasta que les pagaba, dice Nan.

LOLC declaró que nunca recibió ninguna queja de Nan y que no presiona a los deudores para que vendan sus casas. Nan dice que usó el dinero para pagar a LOLC, para saldar otro microcrédito y para pagar a otros deudores.

La empresa matriz de LOLC Cambodia es LOLC Holdings, una de las empresas cotizadas más rentables de Sri Lanka y receptora de más de 500 mdd en préstamos de bancos de desarrollo. Se autodenomina la plataforma de microfinancieras multigeográfica más grande del mundo, con operaciones en Myanmar, Indonesia, Filipinas, Pakistán y más. En 2020, LOLC Holdings vendió su participación del 70 por ciento en la microfinanciera más grande de Camboya, Prasac, por 603 mdd.

Mientras Nan y muchos otros deudores perdían su ingreso durante la pandemia, LOLC Cambodia registró una ganancia neta récord de 45.4 mdd en 2020, un 33 por ciento más que el año previo. Su rentabilidad sobre el capital ese año fue de 28 por ciento, más de tres veces el promedio de la banca comercial en Camboya. A pesar de los informes sobre prácticas abusivas, ha recibido más de 25 mdd de bancos de desarrollo franceses y noruegos desde 2020, según consta en sus carteras.

Las autoridades de EU estaban tan preocupadas por la posibilidad de que los prestatarios de Camboya perdieran sus hogares, que muchos rebatieron subsidiar a microfinancieras que aceptaban títulos de propiedad como garantía. Con todo, las inversiones siguen llegando a Camboya.

Los suicidios de Sri Lanka

“Quería que todo terminara”, dice Madhuka Kumari, una joven madre de cinco hijos, “Todos me gritaban. Morir parecía la única opción”.

Kumari había pedido 425 dólares prestados a LOLC Finance, la unidad de préstamos de LOLC Holdings en Sri Lanka, para iniciar un negocio. Cuando las fuertes lluvias volvieron intransitables las carreteras y se atrasó en sus pagos mensuales de 30 dólares, los cobradores fueron a su casa en Minneriya, amenazando con denunciarla a la policía. Eso provocó peleas con su marido, que no sabía nada del préstamo. En 2018, después de meses de desesperación, se echó queroseno en la cabeza y se prendió fuego mientras sus hijos dormían. Estaba embarazada de cinco meses en ese momento.

El esposo de Kumari sofocó las llamas y la llevó al hospital. Mientras estaba allí, dice, los cobradores se presentaron junto a su cama y exigieron los pagos. LOLC negó que sus agentes presionaran a Kumari o la visitaran mientras estaba hospitalizada. Kumari dijo que fueron las tácticas agresivas de los cobradores de LOLC las que la empujaron a intentar suicidarse.

Las tácticas agresivas de cobro son comunes en Sri Lanka, según un informe de 2019 de Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente de la ONU en deuda externa y derechos humanos. La cantidad total de préstamos en Sri Lanka creció más de 50 veces desde 2006 hasta 2020 para alcanzar más de 3 mil 200 mdd, según datos del banco central.

En 2018, luego que los periódicos informaran sobre suicidios y protestas en todo el país, el gobierno anunció que cancelaría las deudas de 75 mil mujeres en las zonas afectadas por la sequía, y el banco central limitó las tasas de interés al 35 por ciento.

Mientras tanto, a Kumari le preocupa que LOLC aún pueda llevarla a los tribunales para recuperar el dinero que les debe. Marcada por sus quemaduras y todavía con dolor, necesita tratamiento médico adicional que no puede pagar. Su esposo ha estado mayormente desempleado desde que comenzó la pandemia, y ella a menudo va de casa en casa pidiendo comida. “No sé qué será de mí ahora”, dice.

Con la colaboración adicional de Michael O’Boyle, Rana Sweis, Aanya Wipulasena, Narin Sun, Jason Grotto y Cedric Sam.

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