Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación atenderá el amparo promovido por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en contra de los artículos 189 y 190 que obliga a los operadores móviles a conservar de manera masiva los metadatos de los usuarios y brindarlos a cualquier tipo de autoridad sin la necesidad de una orden judicial.
De no actuar en contra de esta legislación, podría traer efectos contraproducentes como el uso inadecuado de los datos y su comercialización en el mercado negro o incluso hasta el espionaje masivo a los usuarios, advirtió Carlos Brito, director de incidencia de R3D.
"Su principal dolor de esa ley es la cantidad de ambigüedades que maneja. No menciona los supuesto de delitos bajo los que se tendría acceso a dicho información y tampoco menciona la autorización judicial para acceder estos datos. Los operadores no saben a qué tipo de autoridad les deben de entregar la información", apuntó Brito a El Financiero.
Los operadores móviles cuentan con metadatos o información detallada sobre los movimientos de la población y los patrones sociales, que se basan en el uso de los dispositivos móviles por parte de sus clientes.
Brito destacó que si bien las medidas estipuladas en la legislación tiene el objetivo de atender a amenazas de seguridad y combatir el crimen, éstas podrían tener un efecto contraproducente.
"La idea de combatir algunos delitos con toda la información gigantesca podría dar paso a que se usen mal y terminar por hacer más vulnerable la seguridad de las personas", señaló el especialista.
Brito nombró que ya han existido casos en México donde las bases de datos circulan en el mercado negro y al que bandas del crimen organizado tiene acceso. El miembro de R3D explicó que incluso los datos podrían estar al alcance del crimen organizado que opera dentro de los organismos de gobierno.
Otro de los riesgos que ve R3D es el espionaje masivo que se podría dar a partir de este acceso.
"Este tipo de datos no necesariamente se podrían utilizar para combatir el delito sino que también podrían ser utilizadas para realizar espionaje político o para espiar incluso a defensores de derechos humanos", explicó.
Brito mencionó que también el saber que constantemente los usuarios son supervisados cambiaría la forma en cómo actúan, lo que dijo, es evidente una violación de las libertades y de la democracia.
"Una sociedad que se siente más inhibida para poder hacer su vida de manera normal por miedo al registro de su desplazamiento y comunicaciones termina por no ejercer sus derechos", puntualizó Brito.
Brito dijo que R3D busca que se implementen controles que exijan una autorización judicial para acceder a datos como la geolocalización, que haya una lista de autoridades facultadas y que se anule la parte de la recolección de datos por ser una medida desproporcionada.
Adrián Acosta, directo de crimen digital de la Interpol, expresó que para las autoridades que trabajan contra el crimen sería excepcional tener acceso a este tipo de datos pues "entre más información con la que contemos es mejor".
Sin embargo hizo hincapié en que los gobiernos deben de respetar el derecho del sector privado, que tiene que poner sobre la balanza el negocio y la responsabilidad civil que tienen ante la sociedad.
Acosta recordó que una medida similar fue nombrada inconstitucional en Europa