CIUDAD DE MÉXICO. Diputados federales de todos los partidos políticos celebraron la detención precautoria de ocho militares que participaron en el enfrentamiento en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, y exigieron una investigación seria y a fondo para sancionar con el mayor rigor de la ley si se cometierom abusos y violaciones en contra de los derechos humanos de las 22 personas asesinadas, sean o no delincuentes.
El presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, del PRD, aseguró que la investigación que se realiza sobre el caso Tlatlaya debe ser acuciosa y buscar que no exista impunidad, pero también cuidadosa para no lastimar a una institución respetable como es el Ejército.
"No proteger, pero no especular. Hay que revisarlo, sin que se violente la ley, sin que haya impunidad, pero tampoco especulación para no lastimar a una institución que le ha dado mucho a México", dijo.
"Yo creo que una de las instituciones más reconocidas y prestigiadas es el Ejército, Fuerzas Armadas, hay que cuidarlos sin que esto signifique que haya impunidad o que no se respenten los derechos humanos o que no se aplique la ley", aseveró el diputado presidente.
Expresó que el PRD, desde el inicio de la lucha contra el narcotráfico, mostró su preocupación por usar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, al considerarlas de alto riesgo para la institución.
Agregó que, además, los diferentes secretarios de Defensa y Marina que han encabezado la lucha, han reiterado el riesgo de que las fuerzas castrenses hagan tareas que le tocan a otras instituciones.
El líder del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Beltrones Rivera, aseguró que hay voluntad del gobierno federal para no permitir impunidad en el caso.
"Me parece muy importante que el mismo Ejército mexicano, el general secretario (Salvador Cienfuegos Zepeda) haya tomado la decisión de arraigar a quienes presuntamente pudieran resultar responsables, o no, de lo que se denuncia", dijo.
Agregó que, con esta decisión, "se marca la voluntad de no permitir la impunidad en ninguno de los casos en donde se presenten situaciones como éstas".
El líder parlamentario se pronunció por permitir que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiguen el caso, antes de encontrar "falsos culpables".
Los ocho militares mencionados fueron detenidos este jueves por la Procuraduría General de Justicia Militar, acusados de infracciones a la disciplina militar y, uno de ellos, de desobediencia e infracción de deberes.
El vicecoordinador del PAN,Marcelo Torres Cofiño, pidió que la PGR esclarezca los hechos y aplaudió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) haya detenido a ocho militares.
Sin embargo, consideró riesgoso adelantarse y hacer señalamientos, porque es una investigación que corresponde realizar a la PGR.
Hay que sancionar a quienes hayan incurrido en un ilícito, pero antes hay que agotar todas las instancias del proceso, agregó.
Para que México pueda avanzar, se tiene que combatir la corrupción y la impunidad y el PAN siempre estará atento a que se cumpla un procedimiento apegado estricto derecho, aseveró Torres Cofiño.
Sostuvo que, de acuerdo a los señalamientos, hay un exceso por parte de las autoridades, pero recordó que la Sedena y la Marina son las instituciones mejor calificadas por la ciudadanía.
Por su parte, los diputados perredistas federales Fernando Belaunzarán y Carlos Augusto Morales, así como los diputados locales Estela Damián Peralta, Efraín Morales López y Daniel Ordóñez Hernández, coincidieron en que la detención refrenda el compromiso de la Sedena con el respeto a los derechos humanos, la legalidad y la justicia.
"Se está reconociendo que en Tlatlaya ocurrió algo fuera de la versión oficial. Es una buena señal que el Ejército mexicano ya esté tomando medidas ", expresaron.
En el municipio de Tlatlaya se registró en junio pasado un enfrentamiento armado entre elementos del Ejército e integrantes del crimen organizado, con un saldo de 22 civiles muertos, pero diversas versiones citan a un testigo que asegura que se trató de una ejecución.
Con información de Fernando Ramírez de Aguilar L.