CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones como la Red por la Rendición de Cuentas, Fundar, la Escuela Mexicana de Archivos y el Colegio de México piden que la política nacional de archivos no quede bajo el control directo de la Secretaría de Gobernación.
Ante la iniciativa presentada en el Senado para que se apruebe una Ley General de Archivos, las organizaciones no concuerdan en que el control de la supervisión archivística la tenga la dependencia federal, pues consideran que un equipo de especialistas técnicos deben garantizar el manejo transparente y no político en materia de valor documental.
Señalaron que es prioritario que la ley contenga fórmulas para que ésta tarea sea encomendada a personas con conocimiento en historia y archivística, incapaces de privilegiar criterios políticos en lugar de profesionales.
La propuesta de los senadores Héctor Larios, Laura Rojas y Zoé Robledo deja en la Secretaría de Gobernación las tareas de valoración documental, conservación y archivo de los documentos históricos, lo cual, dicen los representantes de las organizaciones, no garantiza que se resguarden toda la información, pues a partir de ahí se determina cuáles documentos se conservan y cuáles se destruyen.
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