Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, dijo estar a favor de que se lleve a cabo una investigación sobre funcionarios de gobiernos municipales, estatales y federales tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Comentó que el Estado mexicano necesita “mecanismos mucho más efectivos” para evitar la infiltración de los cárteles en los tres niveles de gobierno, como en el caso reciente de Tequila, Jalisco, donde Diego “N” presuntamente creó una red de extorsión desde el ayuntamiento para financiar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Nosotros vamos a estar siempre de acuerdo en que haya una investigación puntual y en que todo mundo sea sujeto de escrutinio, creo que eso es lo que corresponde. De lo que se trata es eliminar de raíz la manera en que el crimen organizado se ha infiltrado en el Estado mexicano”, dijo a medios el 25 de febrero.
Incluso, después del operativo militar, se dio a conocer la detención de 11 policías municipales de Ecuandureo, Michoacán, por su presunta participación en los bloqueos del 22 de febrero.
Defendió que falta una reforma para fiscalías y ministerios públicos, compromiso que arrastran desde hace décadas los gobiernos federales, pues considera que “hay retrocesos” en las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
Jalisco, el bastión del CJNG
Al menos en la última década, “El Mencho” se habría refugiado en Jalisco para evitar su detención, y gran parte de las operaciones criminales del CJNG ocurría en la entidad bajo contubernio con autoridades municipales.
Ejemplo del poder de la organización criminal en el estado, y en otros, fueron los actos del 22 de febrero, con quema de vehículos, bloqueos y el asesinato de 25 elementos de la Guardia Nacional.
Sin embargo, la violencia es solo una de las capacidades de la estructura criminal. En 2025 se destapó la operación de un campo de adiestramiento en Teuchitlán y el supuesto conocimiento del alcalde José “N”.
A principios de 2026, Diego “N”, exalcalde de Tequila, fue detenido junto con cuatro integrantes de su gobierno por tejer una red de extorsión a comerciantes y empresarios; el dinero era entregado al CJNG, según las indagatorias.
También, desde la expansión del control territorial en Jalisco, la entidad se sumergió en una severa crisis de personas desaparecidas y encabezó la lista nacional con casi 15 mil 500 casos.
Durante el gobierno de Enrique Alfaro la crisis fue minimizada; sin embargo, colectivos denunciaron constantes hallazgos de fosas clandestinas, labor que a la fecha continúa y evidencia la gravedad del problema en el bastión del CJNG.
