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En la Ciudad de México, de manera “alarmante”, existen más de 7 mil personas encarceladas sin una sentencia firme; es decir, que no hay elementos para probar que cometieron el delito por el cual se les acusa.
De acuerdo con el estudio Populismo punitivo de la Ciudad de México y tendencias legislativas en el Congreso local, la población encarcelada sin una sentencia se caracteriza no sólo por la falta de oportunidades al acceder a una defensa justa y la constante criminalización de la pobreza, sino por el grado de escolaridad:
El 3.46 por ciento no cuenta con primaria terminada, 22.78 por ciento la concluyó, 47.37 por ciento estudió hasta secundaria, 16.08 por ciento hizo bachillerato, 8.72 por ciento tiene una carrera profesional y únicamente 0.26 por ciento cuenta con maestría o doctorado.
“Lo anterior no se traduce como que la población con mayor preparación académica no tiende a delinquir, sino que la falta de oportunidades y privilegios hacen a la gente más propensa a entrar a la cárcel, y más aún de volver a entrar y no salir, pues, como se ha planteado, el sistema favorece tales condiciones”, se refiere.
El análisis realizado por el investigador Samuel Meschoulam, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señala que en la capital existen 13 centros penitenciarios de jurisdicción local, de los cuales 11 son varoniles y dos femeniles, donde, al 29 de julio de este año, se encontraban 26 mil 758 personas privadas de su libertad, con una mayor proporción de hombres.
Refiere, además, que la capital es la segunda entidad federativa con mayor tasa de personas privadas de la libertad, sólo superada por el Estado de México, Jalisco y Baja California.
La población penitenciaria se encuentra distribuida por la siguiente comisión, o presunta comisión, de delitos: robo calificado, homicidio, privación ilegal de la libertad, delitos sexuales, contra la salud, armas de fuego y explosivos, lesiones, feminicidios, extorsión, y robo simple.
“Se destaca la ausencia de delitos conocidos como de cuello blanco, lo que podría reafirmar la criminalización de la pobreza en el sistema de justicia”, se concluye.