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México y otros gobiernos de izquierda piden se respeten derechos de Pedro Castillo en Perú

La SRE dio a conocer que México, Argentina, Colombia y Bolivia exigen que se respete la voluntad de las urnas que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de Perú.

México, a través de Relaciones Exteriores, se pronunció a favor de Pedro Castillo, al que aún se refieren como presidente. (Twitter @m_ebrard)

La situación política que se vive en Perú ha llamado la atención de los diferentes gobiernos de América Latina, especialmente de aquellos que se identifican con la ideología de izquierda como México.

Este lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que da a conocer que tanto México, como los gobiernos de Colombia, Argentina y Bolivia tienen una profunda preocupación por los hechos recientes que ocurrieron en Perú y que terminaron con la destitución como presidente y detención de Pedro Castillo.

La SRE indicó que el mundo sabe que desde el primer día en que Pedro Castillo fue elegido como presidente de Perú comenzó a ser víctima de “un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ‘Pacto de Costa Rica’, aprobada el 22 de noviembre de 1969.

La dependencia federal mexicana indica que la detención de Castillo Terrones también es violatorio del artículo 25 de dicha convención.


Por lo tanto, los gobiernos de estos cuatro países hicieron un llamado a los actores involucrados en la crisis política de Perú para que den prioridad a la voluntad de los ciudadanos, la cual fue pronunciada en las urnas.

“Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, solicitan a las autoridades peruanas a respetar a cabalidad los derechos humanos de Pedro Castillo, a quien se refieren como presidente, y que se le garantice la protección judicial.

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