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La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic exigieron al gobierno y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentar pruebas que contradigan su informe Ejército Espía.
Con su publicación, las entidades aseguraron que las Fuerzas Armadas intervinieron el celular de dos periodistas y un activista de derechos humanos. Sin embargo, tanto el ejército como el Gobierno federal negaron los hechos.
Por esta razón, las organizaciones insistieron que “la Sedena no desvirtúa de forma alguna lo publicado en la investigación ‘Ejército Espía’”. Es decir, “no refuta dos hechos comprobados con diversos documentos, cuya autenticidad no ha sido puesta en duda”.
En este sentido, las entidades no gubernamentales solicitaron a las Fuerzas Armadas que publiquen la totalidad de los contratos relacionados a la contratación y prestación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.
Al mismo tiempo, señalaron que presentaron los contratos del Gobierno con empresas que utilizan este software y que, al ser cuestionados al respecto, omitieron la información.
Por esto, pidieron “responder si los documentos que demuestran la contratación con Comercializadora Antsua S.A. de C.V. y el ocultamiento de la misma ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y R3D son falsos o auténticos”.
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Dentro de sus demandas, también incluyeron la de especificar si las acciones de inteligencia, como las llamó el presidente López Obrador, incluyen la intervención de comunicaciones privadas de civiles.
Además, sostuvieron que no se presentaron pruebas para contradecir la infección a través del malware Pegasus en contra del activista Raymundo Ramos y de los periodistas, Ricardo Raphael y un miembro de Animal Político, tal como ha sido comprobado por Citizen Lab.
Las organizaciones señalaron que la Sedena se contradijo, ya que admitió que utilizó el software Pegasus entre 2011 y 2013.
Sin embargo, “los hallazgos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en los que se revela el uso de Pegasus por parte del Ejército después de 2013″.
Adicionalmente, enfatizaron que la Sedena no está facultada legalmente para intervenir los dispositivos de civiles, por lo que llevarlo a cabo va en contra de la constitución.
“La Sedena afirmó no haber solicitado autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas (...) por lo que aún si tuviera facultades legales, cualquier intervención de comunicaciones que la SEDENA haya llevado a cabo es ilegal”, señalaron.