Luego de siete años de negociaciones en las que México fue uno de los principales actores, entró en vigor el Protocolo de Nagoya, el cual tiene el objetivo de compartir los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos en forma justa y equitativa.
Tras haber sido ratificado por 53 países, el Protocolo de Nagoya generará en México grandes beneficios bajo un marco de certeza jurídica y evitará la biopiratería, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Este acuerdo internacional, explicó la dependencia, busca regular e implementar el tercer objetivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, reconociendo la soberanía de los países sobre sus recursos genéticos. También establece la obligación de que el acceso a estos sea de acuerdo con el consentimiento fundamentado previo.
"Mandata que las comunidades indígenas y locales, poseedoras del conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos, participen de los beneficios de su aprovechamiento; permitirá asegurar que el acceso a estos se efectúe de manera equitativa, mediante un consentimiento previo e informado; también ofrece un enfoque innovador para la conservación y la protección de los recursos vivos del mundo, y evitará la apropiación o uso ilegal de recursos genéticos" señaló la Secretaría de Medio Ambiente.
El Protocolo establece que las naciones que forman parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica desarrollen e implementen un marco regulatorio sobre "las medidas de cumplimiento para asegurar que cuando se utilicen los recursos genéticos se haya cumplido con el consentimiento fundamentado previo y se hayan establecido términos acordados para el reparto justo y equitativo de los beneficios de su utilización, (así como) el monitoreo en todos los pasos de la investigación, desarrollo, innovación y comercialización de los recursos".
.Además de estas medidas regulatorias, la implementación de dicho instrumento internacional obliga a los países a tomar medidas de política pública, administrativas, presupuestales y de coordinación entre los órdenes de gobierno y los propietarios de predios, aseguró la Sermarnat.
Para México, destacó, estos mandatos podrían implicar la elaboración de una nueva Ley específica en la materia y la modificación de la legislación existente, no sólo en materia ambiental sino la aplicable a todos aquellos sectores relacionados.
"Así, la implementación del Protocolo creará una mayor seguridad jurídica y transparencia para los proveedores y usuarios de recursos genéticos al promover el establecimiento de condiciones predecibles para su acceso. Esto ayudando a asegurar la participación en los beneficios cuando los recursos salen de la parte contratante que proporciona dichos", concluyó la dependencia.