Estados Unidos atraviesa una de las etapas más activas de su política comercial reciente, con frentes abiertos simultáneamente en Asia y Norteamérica que revelan una estrategia diferenciada según el socio y el momento político. Lejos de un enfoque único, Washington combina distensión temporal con China, presión sostenida sobre Canadá y una negociación cada vez más amplia con México, en lo que empieza a perfilarse como un nuevo estándar de relación comercial basado en la disputa permanente más que en acuerdos definitivos.
Con China, la visita de Xi Jinping a Washington a finales de septiembre y su encuentro con el presidente Trump produjeron una extensión de la tregua comercial por dos meses adicionales, hasta el 10 de enero de 2027. El resultado, sin embargo, fue modesto en sustancia: más que resolver diferencias de fondo, ambas partes optaron por ganar tiempo. Washington buscaba certidumbre sobre compras agrícolas y suministro de minerales críticos; Beijing, mayor claridad sobre aranceles y restricciones tecnológicas. Los temas más sensibles —semiconductores avanzados, tierras raras e inteligencia artificial— permanecieron sin resolución. China conserva una ventaja estructural relevante en esta negociación, pues concentra cerca de 70% de la extracción mundial de tierras raras y más del 85% de su procesamiento, insumos esenciales para la industria automotriz, electrónica, de defensa y tecnología avanzada. Esa concentración limita el margen de Washington para endurecer restricciones sin generar costos sobre su propia industria, y mantiene a Taiwán como un punto de tensión política que conecta lo comercial con lo tecnológico y lo estratégico.
Con México, la política comercial estadounidense ha tomado una ruta distinta, caracterizada por una negociación que se amplía en lugar de cerrarse. Lo que comenzó como una agenda de 54 temas ha crecido hasta cerca de 90, incorporando no solo aranceles y reglas de origen, sino asuntos regulatorios, agricultura, servicios digitales, inversión y participación de terceros países en las cadenas productivas norteamericanas. La cuarta ronda formal de conversaciones, prevista originalmente para finales de septiembre, fue aplazada hacia octubre, aunque ambas partes mantienen los canales técnicos activos. Washington continúa priorizando la reducción del déficit comercial bilateral como objetivo central, mientras México mantiene como prioridad aliviar los aranceles de la Sección 232 —50% sobre acero y aluminio, 25% sobre vehículos— en un sector automotriz donde las exigencias estadounidenses sobre contenido regional siguen siendo el punto más sensible de toda la negociación.
El contraste más marcado se observa con Canadá, donde la política comercial estadounidense ha adoptado un tono de presión sin urgencia por resolver. Autoridades de Washington señalaron recientemente que no existe prisa por alcanzar un acuerdo con Ottawa, mientras los contraaranceles canadienses —vigentes desde el 8 de septiembre sobre cerca de 27,600 millones de dólares canadienses en productos estadounidenses— permanecen sin respuesta bilateral de fondo. A esta tensión se suma la posibilidad de que Washington busque fuentes alternativas de potasa, previamente adquirida de Canadá, lo que introduce presión sobre un sector agrícola que hasta ahora había quedado relativamente al margen del conflicto. La ausencia de reuniones de alto nivel durante la Asamblea General de la ONU reforzó la percepción de que este canal bilateral permanece estancado, en contraste evidente con la actividad negociadora que Washington mantiene con México y China.
El patrón que emerge de estos tres frentes es el de una política comercial estadounidense que utiliza el diferencial de trato como instrumento de negociación: mayor apertura y ritmo con los socios dispuestos a ceder terreno en una agenda amplia, y mayor rigidez con aquellos que no muestran avances. Para las economías involucradas, esto implica que la incertidumbre comercial dejó de ser un episodio transitorio para convertirse en una condición estructural que probablemente se extenderá durante buena parte de 2027, obligando a las empresas y a los gobiernos a operar bajo negociación permanente más que bajo la expectativa de resolución definitiva.
